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CRISIS POLÍTICA
Perú: elecciones congresales, crisis orgánica y la importancia del voto viciado
José Rojas | Militante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú

Foto: redes

En Perú este domingo 26 de enero se realizarán las elecciones extraordinarias para el Congreso de la República. La gestión de los 130 nuevos congresistas será hasta el 2021, año de elecciones generales. Lo llamativo: según diferentes empresas encuestadoras, el voto nulo o viciado supera el 40%.

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El domingo 26 de enero se llevarán a cabo en Perú las denominadas elecciones extraordinarias para el Congreso de la República, las cuales tienen como objetivo cubrir la representación parlamentaria después que el presidente, Martín Vizcarra, disolviera el pasado 30 de septiembre este poder del Estado. La gestión de los 130 nuevos congresistas será hasta el 2021, que es cuando se realizaran elecciones generales. Lo llamativo de este proceso electoral es el alto porcentaje de voto nulo y viciado que, según las diferentes empresas encuestadoras, supera hasta ahora el 40%, lo cual pone en evidencia que el descredito popular en las instituciones y en los partidos políticos se mantiene, demostrándose así que la crisis orgánica sigue latente.

Como se recuerda, el pasado 30 de septiembre el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República de mayoría fujimorista. Esta maniobra presidencial tenía como objetivo recuperar la legitimidad del régimen y a su vez empoderar al presidente como el más consecuente “luchador contra la corrupción y el fujimorismo”, ya que esta fuerza política era percibida por un sector importante de la población como la expresión más grotesca de la descomposición política nacional. Por esa razón y para evitar que el descontento social llegue a mayores, desde que Vizcarra inicia su mandato, su accionar estuvo orientado a enfrentar al fujimorismo a pesar de compartir el mismo proyecto económico. De esa manera y con la complicidad de la burocracia sindical y los sectores reformistas y neorreformistas de la izquierda peruana, el presidente logró desviar el descontento social que se empezó a sentir en el Perú desde que se hizo pública la vinculación del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski a los negociados de Odebrecht y que puso también en evidencia la estrecha relación entre los empresarios y los políticos de turno.

Mientras enfrentaba al fujimorismo en la superestructura del Estado y tomando como base un discurso restaurador de la institucionalidad, Vizcarra no dudó en arremeter contra los trabajadores, los campesinos y el pueblo pobre. Por ello aprobó la política nacional de Competitividad y Productividad que recorta una serie de derechos a las y los trabajadores y otorga beneficios a los empresarios, así mismo se aprobó la concesión de una serie de privilegios a los grandes exportadores agrarios quienes en los próximos 10 años no pagarán diversos impuestos y tendrán carta libre para sobre explotar a sus trabajadores quienes hoy por hoy son los más precarizados del país. Así mismo, Vizcarra no dudó en arremeter con mano dura a aquellos sectores que se levantaron contra sus iniciativas privatistas como los campesinos del valle de Tambo quienes fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad para acallar su lucha contra el proyecto minero Tía María el cual, a pesar del rechazo popular, terminó siendo aprobado por el ejecutivo. El mismo trato represivo sufrieron los trabajadores mineros y sus dirigentes de la Federación Minera, quiénes el año pasado fueron detenidos arbitrariamente cuando se encontraban en huelga contra los abusos de sus patrones que en todo momento gozaron del apoyo del Gobierno. Estas y otras medidas pro empresariales fueron acompañadas del congelamiento y la reducción del presupuesto público a sectores sociales importantes como educación, salud y vivienda, ya que en todo momento el gobierno priorizó el cumplimiento de los compromisos con del FMI y el pago de la deuda externa.

Sin embargo y a pesar de haber sacado el descontento de las calles, el Gobierno no ha logrado hacer que el pueblo trabajador recupere la confianza en las instituciones del actual régimen político y en los partidos, quienes funcionan bajo la normatividad de la constitución impuesta por Alberto Fujimori en 1993. Por esa razón, hoy tenemos un porcentaje significativo de votantes (más del 40% según empresas encuestadoras) que votaría nulo o viciado en las próximas elecciones del 26 de enero y si estas elecciones fueran voluntarias estamos seguros que el ausentismo sería elevadísimo.

Más allá que los actuales porcentajes de voto nulo o viciado bajen en los próximos días, este hecho de la realidad concreta a despertado el miedo en los sectores empresariales, las grandes cadenas de medios de comunicación y por su puesto en el mismo ejecutivo, por esa razón vienen implementando de manera conjunta una millonaria campaña contra el voto nulo o viciado. Ellos aducen que lo que está en juego es la democracia y la institucionalidad, pero lo que en realidad les preocupa es que ese importante sector que hoy apuesta por el voto viciado o nulo más adelante y ante nuevas turbulencias económicas o políticas termine convirtiéndose en caldo de cultivo de nuevos conflictos sociales que pongan en cuestionamiento el status quo, como viene ocurriendo en otros países del continente.

De estos hechos de la realidad concreta se desprende una interrogante ¿Por qué en un país donde el presidente ha disuelto el parlamento de mayoría fujimorista, fuerza política que era considerada por muchos como la médula de la corrupción, hoy esa misma población se muestra tan reacia a participar en las próximas elecciones e incluso opta de manera significativa por el voto nulo o viciado? Dos elementos nos parecen que ayudan a comprender este problema. Por un lado, consideramos que el cierre del congreso al no ser consecuencia directa de una lucha social concreta y si más bien una maniobra del presidente la cual, si bien fue aplaudida por un sector de la población, no terminó por despertar la ilusión y el entusiasmo en el nuevo congreso del 2020, el mismo que por cierto solo tendrá un año para legislar, lo cual es visto como insuficiente por la población que irá a las urnas el próximo 26 de enero. Por otro lado, nos parece que el hecho que la mayoría de las fuerzas políticas que participan en estas elecciones estén directa o indirectamente vinculadas a los negociados de las grandes empresas como Odebrecht y otras, ha creado mucha desconfianza en la población. Esto último no solo aplica a las organizaciones de la derecha tradicional, sino también a los sectores de la izquierda reformista como es el caso del frente Juntos por el Perú cuyo líder, fundador y dueño de la inscripción, Yehude Simon, fue premier del segundo gobierno de Alan García y en cuya gestión se materializó la masacre de indígenas en Bagua (baguazo) cuando estos se oponían a la privatización de los recursos naturales de la amazonia. Este frente también alberga en su seno a organizaciones como Patria Roja y el PC, muy cuestionadas y desprestigiadas por sus constantes traiciones a las y los trabajadores.

Estos elementos junto a otros hacen que la crisis orgánica - entendida ésta como el momento de deslegitimación de un determinado régimen político – no se termine de cerrar en el Perú, sino más bien que se mantenga latente, expresándose en el presente periodo de pasividad en ese sector importante de trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes que hastiados de que nada cambie, más allá de los discursos y las medidas cosméticas que se vienen imponiendo desde arriba, estén dispuesto a viciar su voto o incluso no votar en las próximas elecciones del 26 de enero. Es con ellos y a partir del cuestionamiento y confrontación a la herencia jurídica y política del régimen de 93 y de la mano de la auto organización obrera, campesina y popular que en Perú podremos abrir un nuevo momento que nos permita empezar a cambiarlo todo empezando por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.

 
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