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DE NUEVO LAREDO A AYOTZINAPA
Bajo la 4T, continúa la militarización y la impunidad
Pablo Oprinari | Ciudad de México / @POprinari

En días pasados, se mostró nuevamente, en dos sucesos, el accionar de las fuerzas represivas y de la justicia: la masacre de Nuevo Laredo a manos de policías estatales y el ejército. Sigue la impunidad para los responsables de Ayotzinapa.

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A partir de la denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, salió a la luz que efectivos de la policía estatal asesinaron a 8 personas y montaron un supuesto enfrentamiento con narcotraficantes, para encubrir la masacre y la ejecución extrajudicial.

Esto fue precedido por el allanamiento de casas arrancando a sus habitantes a punta de ametralladora, el traslado de una camioneta a través de toda la ciudad para montar la escena, y el fusilamiento sumario de las víctimas. Por su parte, el rol de los soldados -el ejército del pueblo según lo llamó el presidente- fue central: cercaron la zona para “liberarla” e impedir el acceso a civiles y periodistas.

El 14 de septiembre, 24 personas que estaban bajo custodia acusados de participar en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, fueron liberados por el juez Samuel Ventura Ramos. Esto se suma a la liberación previa de otros 53 inculpados. Aduciendo errores durante el proceso, se consumó un nuevo paso para garantizar la impunidad. Más recientemente, distintos medios de comunicación afirman que podría salir en libertad José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala.

A pocos días de las movilizaciones por los 5 años de Ayotzinapa y del 51 aniversario de la masacre del 68, en pleno reinado de la 4T, estos hechos nos recuerdan el verdadero carácter de estas instituciones, responsables de la represión y de avasallar los derechos más elementales.

Nuevas masacres del ejército, ahora bajo la 4T

Desde que llegó a la presidencia, López Obrador intentó hacer lo que no pudieron priistas y panistas: presentar al ejército mexicano como un cuerpo “revolucionario”. La institución responsable de las masacres del 68 y 71, en Aguas Blancas y Tlatlaya, fue enaltecida como parte del pueblo.

Esta operación del “progresismo” estuvo al servicio de justificar la creación de la Guardia Nacional, presentada como una salida al reclamo de desmilitarización que cientos de miles pusimos en las calles en los años previos. Pero la Guardia Nacional está compuesta por efectivos de las corporaciones señaladas por sus violaciones a los derechos humanos (SEDENA, SEMAR y PF): la militarización continúa con otro uniforme. Ahora, el gobierno nacional anunció el envío de 1,500 efectivos de la Guardia Nacional al estado, recrudeciendo la presencia militar.

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La reciente masacre nuevamente puso sobre la mesa el rol de las fuerzas armadas. Estos hechos desmienten a quienes defendieron las declaraciones de AMLO sobre el “ejército revolucionario” y dijeron que el mando presidencial garantizaba que éste respetase los derechos humanos.

Aún cuando AMLO llama a investigar, aún cuando se juzgue a algunos soldados y policías presentándolos como las “manzanas podridas”, la masacre de Nuevo Laredo, como ayer la de Tlatlaya, es el resultado de la militarización, del carácter reaccionario de las fuerzas armadas -que evidentemente no cambia bajo la 4T- y de su estrecha vinculación con el crimen organizado.

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Ayotzinapa, la herida que no cierra

El actual proceso judicial, y la liberación de los acusados, es una verdadera burla contra el movimiento que encabezan las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos. Pero esto no es sólo responsabilidad del gobierno de EPN. Es también el resultado de lo que está haciendo el actual gobierno.

Antes y después de su llegada a la presidencia, AMLO planteó que lo sucedido el 26 de septiembre del 2014 se esclarecería mediante la acción de la justicia. Una y otra vez pretendió que los padres de familia confiasen en esa salida.

El proceso fue criticado una y otra vez por su lentitud y falta de resultados. Y ahora vemos que la justicia, lejos de responder al reclamo de los familiares, sigue encubriendo a los responsables materiales e intelectuales. Y lo hace porque, evidentemente, esclarecer lo sucedido implica señalar a las instituciones políticas y militares del Estado.

La realidad es que AMLO, aun cuando estaba en la oposición, nunca apoyó el cuestionamiento que, en 2014, millones pusieron en las calles contra los partidos responsables de la militarización y de las desapariciones de los estudiantes.

De hecho, integró a su partido a dirigentes del PRD, con evidente responsabilidad política en la masacre de Iguala. Cuando fue cuestionado por sus vínculos con los perredistas Angel Aguirre y José Luis Abarca (el primero ex gobernador de Guerrero, ambos implicados en los hechos del 26 de septiembre), se enfrentó con los familiares. Fue lo que vivió Antonio Tizapa, padre de uno de los normalistas desaparecidos, a quien el futuro presidente le respondió “cállate, provocador”, en marzo del 2017.

Aunque la administración de López Obrador, a través de Alejandro Encinas y de Olga Cordero, criticó al juez y aseguró que buscará “esclarecer la verdad”, la misma no vendrá de manos de la justicia, que está al servicio de los ricos y poderosos. Por eso, como hemos propuesto desde La Izquierda Diario, necesitamos se conforme una comisión investigadora independiente; que tenga pleno acceso a todos los archivos e instalaciones militares, garantizado por el estado.

Organizarse contra la impunidad

Bajo el actual gobierno, continúa la militarización -con su saldo de masacres y atropellos de las fuerzas armadas- y la justicia sigue encubriendo a los responsables de las desapariciones y asesinatos como en Ayotzinapa e Iguala. Este 26 de septiembre y 2 de octubre, saldremos a las calles a movilizarnos por la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa y contra la represión de ayer y hoy.

Estas banderas de lucha están más vigentes que nunca. La pelea por la desmilitarización del país supone hoy exigir la abolición inmediata de la Guardia Nacional. Pero para lograr todo eso, tenemos que ser cientos de miles en las calles.

Por eso, hay que llamar a sindicatos, las organizaciones populares, de derechos humanos, juveniles, estudiantiles y de mujeres, a que se movilicen y tomen esta lucha en sus manos, y con independencia del gobierno y los partidos del Congreso.

Desde el MTS y las agrupaciones que conformamos en los sindicatos, la universidad y el movimiento de mujeres, impulsamos esta propuesta política junto a muchas compañeras y compañeros independientes. Te invitamos a que te sumes y lo impulsemos juntos en tu centro de trabajo, escuela o facultad. ¡Seamos miles en las calles, contra la militarización y la impunidad!

 
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