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TRIBUNA ABIERTA
La 4T bajo la hegemonía financiera
José Luis Ríos Vera
Ivan Montero

La Cuarta Transformación autoproclamada por el jefe del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se inscribe dentro de un orden económico y político dominado por el neoliberalismo financierista.

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Las “políticas sociales” defendidas por el nuevo gobierno, principalmente promovidas por el mismo AMLO, están subordinadas y acotadas por el capital financiero local e internacional. Esto se ha hecho posible mediante los compromisos de estabilización del sistema financiero y una ajustada reingeniería presupuestal construida por Hacienda.

Los compromisos neoliberales

En la primera línea del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) se indica que el Estado velará “por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero”. Ya desde 2018, AMLO se comprometió con respetar los imperativos del capital financiero, tal como lo hizo con su Carta a los inversionistas nacionales y extranjeros (Abr/2018):

1. Independencia del Banco de México: acepta que un equipo de “expertos” “independientes” controlen la política económica subordinando la expansión económica al imperativo de los equilibrios macroeconómicos.

2. Aceptación de la disciplina fiscal: con el dogma del “equilibrio fiscal” se da prioridad al pago de la deuda y se renuncia al “desarrollo económico”.

3. Mantiene la ortodoxia de la política monetaria: se mantienen las altas tasas de interés y con ello las elevadas ganancias del sistema bancario.

4. Estabilidad en los pagos de la deuda pública: no se cuestiona su naturaleza ilegitima, monopólica y corrupta.

5. Renuncia a una Reforma Hacendaria progresiva que establezca impuestos a los que más tienen.

Las contradicciones

Con un gobierno que pretende establecer un “nuevo pacto social”, “un gobierno para ricos y pobres”, en un país donde el 10% de la población acapara dos terceras partes de la riqueza, donde la pobreza alcanza al 43% de la población y la precariedad laboral al 57.7%; se abren fuertes contradicciones entre el gran capital y el Estado.

Una de las principales contradicciones consiste en la defensa de un Estado que recupere la “regulación” de la economía y el neoliberalismo ortodoxo que postula a sangre y fuego el adelgazamiento estatal, organismos “autónomos” y la libertad de mercado.

En este sentido, es notorio el descrédito de la oligarquía a los “programas sociales” del nuevo gobierno, ya que considera que un mayor “gasto social” debilita la “inversión pública” (productiva) e inhibe el crecimiento económico. (1)

Lo mismo ocurre con la oposición del gran capital (el big oil y la fracción financiera) a la capitalización de Pemex (2), a los planes de incremento en su capacidad de producción y refinación, al fortalecimiento de CFE, en suma, a la soberanía energética.

Las contradicciones del actual gobierno con el neoliberalismo puro y duro no pueden subestimarse ni diluirse bajo una consigna fácil de “son lo mismo”. Las tensiones son de tal magnitud, que –por ejemplo– hay permanente vigilancia y presión de las calificadoras internacionales y grupos empresariales para encauzar y disciplinar las políticas del actual gobierno.

Bienestarismo neoliberal

Con las finanzas públicas sometidas a la ortodoxia financiera neoliberal, AMLO recurre entonces al “combate a la corrupción” y a la “austeridad republicana” como “nuevas políticas económicas” para financiar y generar el “desarrollo”.

La “austeridad”, lejos de afectar a la llamada esfera dorada de la burocracia, viene impactando de modo creciente en los trabajadores del servicio público del Estado, en su mayor parte a los precarizados y de bajo nivel salarial.

Asimismo, acentúa el deterioro de los servicios esenciales del Estado (salud, educación, medio ambiente, cultura, ciencia y tecnología). El resultado es la reproducción del legado neoliberal en materia de los servicios públicos del Estado.

Por otro lado, los 18 Proyectos Prioritarios del Sector Central (Tren Maya, Corredor Transístmico, Sembrando vida, Internet para todos, Jóvenes Construyendo el Futuro, etc.), apenas representan el 1% del PIB (251 mil millones de pesos).

En contraste, si observamos los estimados de la Secretaría de Hacienda sobre los “Requerimientos Financieros del Sector Público” para el periodo 2019-2024, el gobierno estima una transferencia de riqueza a la oligarquía financiera por concepto de costo financiero del 3% del PIB en promedio anual, equivalente a 749 mil millones de pesos. (3)

Al sumar este concepto con el superávit primario (estimado en 1% del PIB) comprometido por el gobierno actual, tenemos que en el conjunto del sexenio de la 4T, la tendencia es una transferencia a la esfera financiera (absolutamente improductiva) de alrededor de 6 billones de pesos. ¡Más del total del Presupuesto Público Federal de 2019!

En este sentido, pueden entenderse los grandes límites de las políticas redistributivas y de bienestar promovidas por el gobierno. Más que un modelo “posneoliberal” pregonado de modo oficial, lo que tenemos es un bienestarismo neoliberal subordinado a la oligarquía financiera.

Notas

(1) Susana González G., “Critican empresarios que la mayor parte del presupuesto se destine a gasto social”, La Jornada, 24/6/2019.

(2) A principios de junio, Moody’s y Fitch redujeron la calificación de la deuda de Pemex y CFE, así como de la deuda del Estado mexicano. El Financiero, 6/6/2019.

(3) Cfr. Secretaría de Hacienda: “Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes Al Ejercicio Fiscal 2019”, p. 106.

 
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