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ABORTO LEGAL
Trabajadoras e indígenas, la mayoría de las encarceladas por perder un embarazo
Laura Aparicio | Pan y Rosas México

Mujeres indígenas, trabajadoras y pobres son las más castigadas por la criminalización del aborto. Una gran cantidad de ellas fueron sentenciadas con procesos engañosos y por abortos espontáneos.

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Diversas organizaciones han documentado por los menos 200 casos en México de mujeres encarceladas por aborto, homicidio u homicidio en razón del parentesco; con extrema rapidez y procesos engañosos son sentenciadas, por lo menos a una decena de años en prisión.

El delito varía según el estado pero el sujeto es el mismo: mujeres empobrecidas, indígenas, trabajadoras; encarceladas por abortos espontáneos, y en ocasiones, embarazos de los que no tenían conocimiento.

El caso de Evelia Mutul, mujer maya de 38 años, es un claro ejemplo de que las sentencias sólo son aplicadas a quienes no poseen los medios para demandar justicia, no pueden pagar abogados y en su caso tampoco tuvo derecho a un traductor (maya-español) como establece la ley. En julio de 2009 fue encarcelada, debido al parto provocado por una caída -embarazo del que no tenía conocimiento-, el bebé prematuro nació y murió al poco tiempo; entonces la Fiscalía la acusó de homicidio.

Tras casi 10 años en prisión, aprendió español con ayuda de sus compañeras y así conoció la razón de su encarcelamiento, con la finalidad de darle sentencia, la Fiscalía aprovechó su desconocimiento para obligarla a firmar un documento en español que posteriormente presentó en el juicio como su confesión (la única prueba presentada). Además se le condenó a pagar 140,000 pesos de multa al Estado como reparación del daño.

Cientos de casos similares suceden con mujeres anónimas que no tienen posibilidades económicas ni sociales para defenderse de la retrógrada ley que favorece la muerte de cientos de mujeres por abortos clandestinos o su encarcelamiento.

Ante este panorama, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trajo muchas expectativas en relación a los derechos, y a través de sus colaboradores se trabaja sobre una propuesta de amnistía a las mujeres encarceladas por abortos espontáneos, partos prematuros y emergencias obstétricas.

Esto se plantea como "solución" a la criminalización de las mujeres; sin embargo es completamente insuficiente para frenar el problema de raíz; con la ilegalidad del aborto las únicas que mueren en las clínicas clandestinas son las mujeres más precarizadas.

La despenalización tampoco es suficiente, para que todas la mujeres -en particular las trabajadoras e indígenas- no seamos criminalizadas, no dejemos la vida en las clínicas insalubres, y seamos libres de decidir sobre nuestro cuerpo y vida, es necesario exigir en las calles la legalización del aborto, para que sea libre, seguro y se garantice de forma gratuita en todas las clínicas del país.

Además, ¡exigimos libertad plena para todas las mujeres presas por abortar!

 
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