Política Estado Español

REPRESIÓN RÉGIMEN 78

Un tufo franquista recorre España: “todo es rebelión”

Tras el respaldo de Felipe VI a Llarena y la Judicatura, la imputación de rebelión y terrorismo por cortar autopistas muestra hasta donde llega la bonapartización del Régimen del 78.

Santiago Lupe

Barcelona | @SantiagoLupeBCN

Martes 10 de abril | 09:34

Un día después de que el rey Felipe VI diera todo el respaldo de la Corona al poder judicial en su cruzada contra el independentismo y la libertad de expresión, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, a requerimiento de la Audiencia Nacional, ha puesto en marcha un operativo contra los CDR con el resultado provisional de 7 personas detenidas.

Solo ver los sujetos de toda esta escalada represiva da cuenta del tipo de régimen político que reina, nunca mejor dicho, en el Estado español. Su herencia franquista le brota por todos los poros, llenando el ambiente de una peste a naftalina y moho.

A la cabeza un rey nunca votado e inimputable según la Constitución, que debe su trono a los acuerdos de su padre para heredar la jefatura del Estado del mismo Franco. Felipe VI se erigió en jefe del golpe del 155 y la posterior caza de brujas contra el independentismo con su discurso del 3 de octubre. Como titulaba El Jueves “un señor al que no ha votado nadie da un discurso sobre democracia”.

Le sigue el gobierno del PP. El partido fundado por Manuel Fraga, ministro franquista y responsable de los asesinatos de Vitoria del 76, el de los ministros “novios de la muerte” o del Gallardón que lleva en sus hombros el cadáver de su suegro fascista mientras le cantan el Cara al Sol. Cs y el PSOE le respaldan sin fisuras. Éste último haciendo gala de su reconciliación con el Franquismo en los 80, cuando contó con lo más granado de sus torturadores para formar los GAL o la policía de la democracia -como el comisario Martín Torres, torturador elevado a Jefe de la Brigada de Información-, el que indultó a algunos de los golpistas del 23F -como le recordó Évole a un desmemoriado Felipe González este domingo-.

No podían faltar los jueces y fiscales, una de las castas con más raigambre franquista. El propio tribunal al frente del operativo, la Audiencia Nacional, es un autentico tribunal de excepción que se fundó en 1976 en base al reciclaje del antiguo Tribunal de Orden Público. Es el mismo aparato que inhabilitó a uno de los suyos -Garzón- solo por atreverse a cuestionar la impunidad de los crímenes franquistas que selló la Transición.

Por último están los responsables del operativo, en este caso la Guardia Civil. Los uniformados del tricornio, un cuerpo reconocido por haber estado siempre vinculado a la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos (nótese la ironia). De estar al frente de persecuciones políticas los de verde saben un rato. Por solo nombrar algunos items podríamos hablar de su General Rodríguez Galindo, condenado por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala aunque no cumpliera ni 4 años, o el actual jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, torturador condenado en 1997 e indultado por Aznar dos años más tarde.

Como fuerza de apoyo, y responsables de algunas de las detenciones, los Mossos d’Esquadra. La policía catalana, una vez más, muestra su autentico carácter, lejos de las fantasías de “policía del pueblo” que alentó gran parte del independentismo. Uno de los cuerpos con más condenas por torturas de Europa, con un currículum de represiones brutales contra obreros, estudiantes y todo tipo de protestas... ha hecho simplemente lo que sabe hacer.

Con todo este pedigrí franquista sobre la mesa, no es de extrañar que estemos llegando al absurdo de que todo, o mejor dicho todo lo que el búnker del 78 considere, pasa a ser delito de rebelión. Una estrategia que es novedosa solo relativamente. En realidad reproduce la doctrina del “todo es ETA” con el que se impuso una represión de excepción contra la izquierda abertzale. Ser detenido en una manifestación era ETA, las gestoras proamnistía era ETA, Batasuna era ETA, EGIN era ETA... y hasta hoy en día, tener un pelea de bar con dos guardias civiles es ETA, como bien saben los jóvenes de Alsasua que llevan más de 600 días en prisión sin juicio por ello.

A falta de una ETA catalana, la nueva doctrina ha cambiado de atributo: “todo es rebelión”. Una concentración para protestar contra registros de la Guardia Civil es rebelión, convocar un referéndum es rebelión y ahora, hasta organizar cortes de carretera es delito de rebelión y terrorismo. Estos son los cargos que se le imputan a una vecina de Viladecans por haber difundido un audio en el que animaba a participar en las acciones que realizaron los CDR en diversas autopistas durante Semana Santa (cortes de trafico y levantamiento de barreras de peaje).

Que el Régimen del 78 está en vías de bonapartización es algo que nadie ya puede negar, salvo los periodistas y tertulianos de cámara que pueblan los siempre imparciales, grandes y libres medios de comunicación estatales. La persecución política está llegando a unos niveles que incluso está poniéndole difícil al Estado español mantener el apoyo de sus socios europeos para esta cruzada. Una cosa era cerrar filas contra el intento de proclamar una república y otra es mancharse las manos con una caza de brujas que recuerda el ADNfranquista del régimen nacido de la Transición.

Solo así se puede entender que jueces alemanes, británicos, belgas y suizos se estén negando a hacer de palmeros del Juez Llarena. No tanto por prurito democrático, algunos de ellos no dudarían en encarcelar independentistas en Alemania o a Falciani en Suiza, sino porque consideran que la escalada autoritaria en el Estado español más que solucionar su crisis puede agravarla y provocar en el futuro nuevos y más profundos estallidos en uno de los eslabones débiles de la UE.

La gravedad de la nueva doctrina es que, de consolidarse, va a ser empleada contra todos los luchadores. Cortar carreteras no es algo inventado por los CDR, lo hacemos los trabajadores y estudiantes cada vez que hacemos huelga o nos movilizamos. Baste recordar la gran lucha minera de 2012 ¿Qué les espera a los trabajadores que decidan enfrentar con contundencia despidos, recortes de salario o cierres de empresa? ¿Y a los estudiantes que osen cortar vías férreas como tantas veces han hecho los de la UAB? ¿Qué pasará con los activistas de la PAH cuando paralicen un desahucio y puedan ser acusados de evitar que las comitivas judiciales hagan su labor?

De hecho, el encarcelamiento de los presos políticos catalanes y las detenciones hoy contra los miembros de los CDR, han abierto ya la puerta de par en par para la profundización de la persecución política en todo el Estado. Los casos de Valtonyc, Hásel o Boro, entre otros muchos, no se podrían entender sin lo primero.

Contra este ataque brutal a los derechos y libertades más básicos es necesario poner en pié una respuesta contundente en todo el Estado. En Catalunya es necesario exigir a las direcciones sindicales que preparen una nueva jornada de huelga como las del 3-O y el 8N, no basta con manifestaciones como la prevista para el domingo. Así mismo la huelga estudiantil prevista para el 25 y el 26 de este mes debe tomar como bandera la lucha contra la represión y ser el inicio de un plan de lucha que ponga facultades e institutos a la cabeza de la respuesta contra esta ofensiva.

En el resto del Estado la pelota está en la izquierda y las organizaciones sindicales. Que Podemos e Izquierda Unida se limiten a lamentar esta escalada -cuando no a favorecerla, como hicieron Colau y Domenech con sus declaraciones criminalizadoras de los CDR- es totalmente insuficiente, además que favorece la criminal política de CCOO y UGT que siguen mirando para otro lado. ¿A que esperan para llamar urgentemente a movilizaciones en todo el Estado en contra de la represión y por la libertad de los presos políticos? Esta “omisión del deber de socorro”, de mantenerse, les convertirá en cómplices necesarios para que este giro reaccionario logre asentarse y favorezca el pase de los recortes y ajustes todavía en la recámara de los partidos del régimen.






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