Política México

TREN MAYA

Tren Maya: el oportunismo político en plena pandemia

Con cerca de 1500 km, el tren atravesará 5 entidades federativas, afectando a comunidades en 4 de ellas e invadiendo parte de la selva lacandona.

Jueves 4 de junio | 18:40

La resistencia no se hizo esperar y varias comunidades se constituyeron en asambleas para discutir el problema, en paralelo, el gobierno central coordinó mesas para poder llegar a arreglos con los ejidatarios, muchos de los cuales, ante el abandono del campo por décadas, vendieron a bajo costo sus tierras.

Sin embargo, las consultas aún no han terminado y, ante la emergencia por la pandemia sanitaria, las mesas de negociaciones cesaron, pero no así la puesta en marcha del proyecto, pues a pesar de que aún se encuentra latente el peligro de contagio, el Presidente reanudó las obras, exponiendo así la vida de los trabajadores que intervienen en ella.

No solo eso, sino que ante el avance en los territorios, las comunidades interpusieron amparos que decretaron la suspensión de las obras, mismas que continúan ejecutándose, dejando entre ver, una vez más, que el presidencialismo entendido como el desenfreno en el poder del ejecutivo con relación a otros poderes, en este caso el judicial, sigue vigente en la era de la 4T.

La situación ha sido tan notoria que incluso la Comisión de los Derechos Humanos, así como diversos observadores internacionales se han pronunciado respecto a las irregularidades en este proceso, como el desacato de mandatos de jueces federales, hasta la misma actividad de los trabajadores del tren maya, mismo que no es esencial.

Sin duda, ante la imposición de este proyecto, tanto trabajadores como comunidades se ven afectados en sus derechos, desnudándose una vez más que el discurso de Derechos Humanos con los que se presentó esta administración solo está encaminada a cumplir sus metas a toda costa.

Ni los trabajadores que arriesgan su salud ni las comunidades que no han otorgado los permisos para la venta y construcción en ejidos deben quedarse con los brazos cruzados, ante la inacción judicial hoy por hoy minimizada por la pandemia, la clave es la coordinación de fuerzas entre trabajadores y ejidatarios para frenar por completo el despojo de la tierra y para garantizar los derechos individuales y colectivos.






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