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Sierra Norte de Puebla: los megaproyectos contra la vida y el territorio

Desde hace casi cuatro años los megaproyectos comenzaron a pisar firme sobe la Sierra Norte. Poco, durante la administración federal panista, y con un salto voraz en estos tres años de gobierno priísta.

Yara Villaseñor

Socióloga UNAM - Integrante del MTS

Sábado 17 de enero de 2015

El territorio que abarca toda la Sierra Norte de Puebla es particularmente prolífero en megaproyectos: se calculan vigentes 141 títulos de concesiones mineras que representan 160 mil hectáreas, más de 18 % de territorio. Así como la construcción de 10 presas en los tres principales ríos Ajajalpan, Zempoala y Apulco, 35 hidroeléctricas y casi 50 ciudades rurales.

Además, el Gobierno federal y estatal contemplan el avance del Proyecto Integral Morelos (despojo de 160 kms de tierras entre Puebla, Tlaxcala y Morelos que incluye dos centrales termoeléctricas, un gasoducto, una línea eléctrica y un acueducto), proyectos carreteros y asentamiento de megaindustrias y nuevos parques industriales. Tras la aprobación de la reforma energética, el avance infraestructural de los megaproyectos se ha disparado, así como la persecución y hostigamiento de quienes se oponen a ellos.

La reforma energética impuesta con militares y represión

La aprobación de la reforma energética trajo consigo la modificación constitucional sobre el manejo de los hidrocarburos, su explotación, comercialización y propiedad. Las modificaciones implican, entre otras medidas, el favorecimiento a empresas petroleras para la penetración al territorio a través de figuras legales de renta obligatoria, como la de servidumbre legal.

El fortalecimiento del uso de técnicas agresivas y extremamente contaminantes, como el fracking o fractura hidráulica, y ambiguas cláusulas que garantizan la no interrupción de los proyectos extractivos por circunstancias “ajenas”. En Puebla, sumadas a las modificaciones de la constitución federal, el gobierno del estado ha implementado leyes que legalizan, protegen y fomentan la privatización del agua, el despojo de tierras y el uso de armas de fuego para reprimir la protesta social (ley bala).

Es claro que el gobierno del panista Rafael Moreno Valle busca ponerse a tono con las modificaciones legales y políticas que el régimen de los partidos que pactan transiciones por el futuro de México viene implementando en todo el país.

A la colaboración de todos los niveles de gobierno en la represión para garantizar las ganancias de los empresarios hay que atribuir las declaraciones del secretario de Hacienda Luis Videgaray sobre las funciones y distribución de la Gendarmería Nacional.

Este cuerpo de elite de cinco mil efectivos creado por decreto presidencial, será activado frente a tres amenazas, una de las cuales refiere a frenar ataques contra los ciclos productivos y fuentes de ingreso (no es casual que la mayoría de elementos hoy se encuentre en Guerrero y Veracruz).

Además de la criminalización jurídica y el hostigamiento policíaco y militar, los pobladores, comuneros y organizaciones que se oponen a los megaproyectos deben enfrentar el sicariato pagado por empresas, así como la presencia de grupos violentos del narco.

Hoy una de las exigencias es la liberación de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y presos políticos por resistir la imposición del Proyecto Integral Morelos y de la autopista arco Poniente, en la región Izta-Popo. También de Marco Antonio Suástegui, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, en Guerrero, reconocido por la férrea resistencia campesina que logró durante once años bloquear dicho proyecto hidroeléctrico.

Asimismo, se reclama el esclarecimiento y justicia de los asesinatos de Antonio Esteban Cruz, miembro de la CNPA-Movimiento Nacional y opositor a la Presa Cuamono, y de Noé Vázquez, así como el levantamiento de órdenes de aprehensión contra las decenas de integrantes del MAPDER (Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos).

Las consecuencias

Una de las empresas con mayor número de concesiones es la canadiense Almaden Minerals, la mayoría de ellas ubicadas en las partes más elevadas del territorio serrano, justo donde nacen las cuencias de los ríos que abastecen a parte de la sierra y a la capital.

La explotación minera a cielo abierto utiliza, libera y genera enormes cantidades de tóxicos al ambiente, contamina el agua, el subsuelo y los mantos acuíferos. Requiere de la eliminación de la cobertura vegetal, la remoción total del terreno y excava con explosivos, generando nubes de polvo tóxico, drenajes ácidos y liberación de metales pesados.

Según Leonardo Durán Olguín y Emilio Rodríguez Almazán, del Consejo Tiyat Tlali y de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas Ambientales, estos proyectos de muerte afectarán a las más de 250 mil personas que habitan la Subcuenca del Río Apulco, que también pertenece a la Cuenca del Río Tecolutla, clasificada por la CONABIO como una Región Hidrológica Prioritaria, por su importancia para la conservación de la biodiversidad. Sólo Almaden Minerals y su Proyecto Tuligtic explotarán 14 mil hectáreas en el municipio de Iztacamaxtitlán, siendo el proyecto más avanzado hasta hoy. Planea ser una planta cuya explotación de oro y plata a cielo abierto con procesamiento de flotación extraiga 30 mil toneladas por día durante 12 años.

Los responsables

Este despojo sistemático se liga íntimamente a las nuevos planes para hacer de México un país e inversiones, tecnología y mano de obra barata.

Hidroeléctricas que generan agua y energía para proyectos de extracción minera e hidrocarburos que con el fracking degradan la tierra hasta la muerte; una red de carreteras, autopistas, puertos y vías de tren para facilitar el traslado de mercancías y materia prima; acueductos y gasoductos que atraviesan cuencas para dotar de insumos a complejos industriales de alta tecnología, como los clusters; y ciudades rurales que buscarán generar mercados locales y disminuir el desplazamiento forzado tras el despojo; pérdida de soberanía alimentaria y abandono del campo para fomentar la siembra de transgénicos y monocultivos, que abonan aún más a contaminar la tierra y el agua, y acabar con la biodiversidad, una mesa servida para la producción, interés y negocios de los grandes capitalistas.

En el terreno del gas, las españolas Elecnor y Enagas y la italiana Bonatti vienen peleando las principales inversiones.

Las minas pertenecen a Minera Frisco (Compañía San Felipe, Minera Francisco del Oro, Minera Meteoro y Minera las Espejeras) y el Grupo Ferrominero (minera Autlán, mina Santa Marta y Compañía Recuperadora de Escorias), ambos de Carlos Slim, y a Minera Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres.

Grupo México invierte más bien en las hidroeléctricas, controlando 61 hectáreas de las consesiones para generar agua y electricidad para sus mineras, junto a Comexhidro, filial de Enel, una de las principales generadoras de energía en Europa que trabaja junto a la española Endesa.

Recientemente, Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) también disputó cuatro proyectos. Pero quien se lleva las palmas es Almaden Minerals (Minera Gavilán, Compañía Minera Zapata y Minera Gorrión) que concentra 72% de las concesiones y su país de origen, Canadá, cuyas empresas concentran 81% del territorio total concesionado.

La defensa del territorio se fortalece

La lucha en defensa de los pueblos y territorios contra el despojo y por el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas expresa cada vez un escenario de mayor conflictividad y antagonismo.

Según la investigadora María Fernanda Paz, hasta 2011 se registraron 95 conflictos relacionados al despojo de bienes comunes naturales, distribuidos en 21 estados del país.

Para muchas comunidades, el recurso en disputa no es el mineral, sino el agua y los bosques, elementos básicos para la reproducción de la vida y su actividad económica, el campo.

En el pueblo de Ixtacamaxtitlán, 1.500 personas se movilizaron en junio de 2014 para repudiar un proyecto minero. En comunidades como Calatepec y El Túnel, los procesos de organización contra los proyectos de muerte se iniciaron hace un año. En el municipio de Ollintla, uno de los pocos que ha logrado echar a Grupo México frenando un proyecto en Ignacio Zaragoza, el Consejo Tiyat Tlalli ha coordinado la defensa del territorio y las acciones de rechazo. Se han realizado encuentros internacionales contra las presas y mineras, como el del MAPDER en agosto pasado que reunió a 600 personas de 55 municipios, 11 estados y 13 países.

Sergio Moissen, ex preso político y referente del Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS) expresó su solidaridad con los afectados, diciendo que "a los comuneros nahuas, otomíes, tehephuas y totonacas de la región les extendemos nuestra solidaridad activa, repudiamos los megaproyectos que satisfacen los intereses de los capitalistas, exigimos la liberación de sus compañeros y justicia para los asesinados". Agregó también que "consideramos vital soldar lazos de unidad para enfrentar la represión y coordinar las luchas, pues los responsables de la violencia y el despojo son los mismos que en las ciudades nos obligan a vivir en condiciones de miseria, super explotación y precarización laboral. Al ser de arriba, sus intereses no son los nuestros. Sabemos que no triunfarán nuestras demandas hasta hacer ruinas a este régimen y construir un gobierno de los trabajadores y los sectores populares".






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