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Racismo Institucional: despiden a una mujer en Monforte de Lemos por ser chabolista

La Xunta empieza a cortar la Risga (Renta de Integración Social e Galicia) a los vecinos del poblado de As Lamas y una de ellas pierde su empleo por ello. El importe de esta va desde los 400 euros hasta un máximo de 718, 88 para familias numerosas.

Jacobo A. García

Vigo | @Jacobscarface

Miércoles 11 de julio | 18:30

La Xunta ha empezado a retirar la Risga, la ayuda que paga la Xunta a las personas que carecen de los ingresos mínimos para vivir, a las familias del poblado gitano de chabolas de As Lamas en Monforte de Lemos. Una ayuda que tarda hasta 8 meses en cobrarse, y de la cual se han denunciado en muchas ocasiones retrasos en los pagos.

Las normas que regulan el pago dicen que los beneficiarios tienen que tratar de salir de la situación en la que se encuentran y encontrar un trabajo o una vivienda, en caso de que no tengan. Hasta el mes de mayo del presente año, esta norma no se aplicaba a los chabolistas, o al menos no en As Lamas. En el 2016 la Xunta ya intentó quitarles la ayuda, pero el Ayuntamiento presionó para que la siguiesen cobrando.

Después de un programa para ayudar a buscar casa a más de 20 familias que vivían allí, sólo 7 consiguieron alquileres en Monforte, gracias a la ayuda de una educadora social pagada por el Ayuntamiento. Los otras 14 todavía están viviendo en chabolas.

Para este sector de la población existen muchas dificultades para acceder a una vivienda de alquiler, ya que además del creciente aumento de precios, existen prejuicios contra la población gitana, y los propietarios normalmente se niegan a alquilarles.

Una de las vecinas del poblado, Soledad dos Santos, de 41 años había sido contratada por el Ayuntamiento de Monforte dentro de un programa de integración laboral de los perceptores de la Risga. La Xunta le quitó en junio el derecho a cobrarla y el Ayuntamiento acaba de despedirla.

El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, se exime de toda responsabilidad, ya que fue la Xunta la que le comunicó que ya no tenía derecho a la Risga y que por lo tanto tampoco debía seguir en ese puesto. Esos contratos están financiados por la administración autonómica.

En palabras de Gloria Prada, concejala de Servizos Sociais, afirma: «Nuestros servicios sociales no intervinieron en la confección de la lista de las personas que teníamos que contratar, fueron los de la Xunta» «Se trata de gente con un estigma social a la que es muy difícil que un arrendador les alquile una vivienda».

Soledad dos Santos vivió hasta los 15 en centros de menores. Al salir acabó la EGB y con 34 años la ESO. Ahora tiene dudas sobre su futuro económico. A su marido y a ella sólo les quedaría la venta precaria. Sus hijos no los pueden ayudar, y a uno de ellos también le quitaron la Risga.

Cobraba 478 euros al mes, y el sueldo en la brigada de obras del Ayuntamiento era de 1.000 euros, pero la contrataron el 26 de junio y la despidieron el 2 de julio. Intentaron encontrar piso, incluso con la ayuda y recomendación de un médico que conocían del hospital, pero siempre ponían trabas: contratos, aval bancario, etc.

Según un informe de “Rede Galega Contra a Pobreza” (EAPN Galicia), en 2017 casi 614.000 personas vivían en Galicia en riesgo de pobreza o exclusión social, un 22,6%. En 2017, el 19% da población gallega estaba en situación de pobreza, unas 500.000 personas, con ingresos mensuales inferiores a 684€/mes.

Hoy hay 3 veces más personas que en 2016 (un 3, 3 %) que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. La tasa de pobreza más alta se encuentra en la juventud, entre los 16 y 29 años, sobre el 35 %. 2016 fue el quinto año consecutivo que la franja de edad de 30 a 44 años, aumentó su tasa de pobreza, hasta el 25,6 %. Las mujeres que reciben pensiones de viudedad también son uno de los colectivos más afectados.

Sin embargo, en el 2016, la Xunta sólo dio la RISGA a 10.791 personas, y nada indica que este dato vaya aumentar, sino más bien al contrario. Es una tomadura de pelo, un tibio parche a una situación que precisa de soluciones mucho más ambiciosas y que ataquen directamente la desigualdad y la pobreza.

Una vez más, asistimos a una de las facetas más perversas de la barbarie capitalista. Mientras los grandes empresarios y banqueros se llenan los bolsillos con sus negocios especulativos y a costa del sudor de toda la clase trabajadora, abandonan a la miseria a todo un sector de la población. En este caso, los prejuicios racistas ayudan a “normalizar” la situación y hacerla “aceptable” a los ojos de la sociedad.

Pero el gobierno, en este caso autonómico, lejos de intentar corregir esta situación, sólo ofrece migajas a los sectores excluidos de la sociedad. Y ahora se las quita, dejando su superviviencia pendiente de un hilo.

Una política verdaderamente ambiciosa para dar resolución a este drama social incluiría la expropiación de los pisos vacíos de la banca y la creación de un parque público de viviendas para alquiler social, lo que solucionaría por completo el problema de la vivienda, y ayudaría a la incorporación laboral de esta mujer y de otras personas en su situación.

La mayor responsabilidad la tiene el gobierno del PP, con Feijóo a la cabeza. Este gobierno ha dado otra vuelta de tuerca y ha profundizado en su ajuste al pueblo trabajador, siguiendo con la línea de recortes marcada desde 2009. Hemos visto brutales recortes en Sanidad Pública, en Educación, Dependencia (como correa de transmisión del gobierno central), etc.

Hemos sido testigos de la brutal ofensiva que supone la antiecológica y destructora de empleo Ley de Depredación y la expropiación de tierras comunales con fines especulativos. Y ahora vemos que intenta justificar el racismo institucional con una burda formalidad legal.

Nosotros proponemos un programa alternativo para cubrir las necesidades sociales. Pensamos que todas las personas en paro deben de cobrar un subsidio de desempleo permanente de 1000 euros, para que puedan tener acceso a vivienda y tener sus necesidades básicas cubiertas.

Es la única forma de evitar la marginación social, la delincuencia, drogadicción o la muerte prematura por las malas condiciones de vida. Además, es necesario un ambicioso plan de reparto de las horas de trabajo entre todos los brazos disponibles, luchando por un salario mínimo de 1500 euros y con el objetivo del pleno empleo. Así proponemos la jornada laboral máxima de 30 horas semanales.

Pero para conseguir estas demandas es necesaria la mayor unidad de la clase trabajadora, tanto la activa como la que está en paro. Es preciso entonces que exista una implicación de todos los colectivos sociales de la vivienda y contra la pobreza, así como de los sindicatos y organizaciones de la izquierda, para unir la lucha por mejores condiciones laborales, junto a la de la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Una cosa está clara, la solución no va a caer de arriba, como las migajas de pan que esperan impacientes las palomas. La centralidad está en la lucha de clases, en la conquista del pan y de todos los derechos sociales.






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