Géneros y Sexualidades

PARO DE MUJERES

¿Qué tipo de #DecálogoConcreto necesitamos?

Luego de los terribles casos de femincidio de Ingrid, Fátima y demás mujeres sucedidos en poco tiempo, mujeres de la Universidad Iberoamericana lanzaron la propuesta de un #DecálogoConcreto en contraposición al propuesto por el presidente.

Sábado 29 de febrero

Foto: Facebook de La Ibero

Las últimas semanas estuvieron llenas de posturas y debates en torno a cómo enfrentar la violencia hacia las mujeres, en especial luego de las posturas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recibió fuertes críticas por relegar el fenómeno de los feminicidios a la crisis de valores derivada del neoliberalismo. Por ello lanzó un decálogo con propuestas para enfrentar esta aberrante situación.

Pero dicho documento fue duramente criticado en redes sociales por tener propuestas vacuas y poco claras. Es así que en el transcurso de la semana anterior, mujeres de la Universidad Iberoamericana publicaron una serie de propuestas como un primer paso a construir un #DecálogoConcreto (invitando a otros a usar ese HT en redes).

Queremos, sin embargo, discutir con las posiciones que se reflejan en él debido a que consideramos que no sólo no son suficientes, sino que no atacan concretamente el problema de raíz.

Sobre el #DecálogoConcreto propuesto en la Ibero

Si bien es correcto mencionar que la historia de un movimiento político tan importante como el feminismo sea abordado desde la educación básica, a esta propuesta sigue la pregunta: ¿cómo enseñar dicho programa? Con esto no sólo nos referimos a la manera de abordarlo en un plan de estudios, sino al enfoque concreto desde el cual se parte.

La teoría feminista ha surgido como interlocutora del movimiento de mujeres, cuya composición es pluriclasista y expresa, así como el propio feminismo, distintas posturas y perspectivas políticas, por lo que conviene hablar de feminismos. Encima se tendrían que plantear no desde enseñarse en los planes de estudio lisa y llanamente, sino cómo incorporarlos y tener una plantilla docente capacitada con los conocimientos adecuados para abordar el tema.

En el segundo punto se proponen “programas de concientización social sobre el origen y las consecuencias de la cultura machista”, pero esto no sólo tendría que venir de la mano de enseñar la historia del feminismo, sino que esta propuesta no va hasta el final en su planteo. Concientizar realmente sobre qué origina la cultura machista y la violencia hacia las mujeres implica hablar de cómo surge el patriarcado como institución social.

Esto en sí mismo ya implica entrar en un debate: hay corrientes del feminismo que argumentan que el machismo y el patriarcado son algo biológico e inherente a los hombres, de ahí la postura de que éstos (de acuerdo con esta perspectiva) sean “violadores en potencia”. Siguiendo esa misma propuesta, resulta necesario explicar cómo interactúan el patriarcado y el sistema económico actual —el capitalismo— que mantiene a las amplias mayorías en una situación de desigualdad social y que a las mujeres en especial nos impone roles de género y dobles y hasta triples formas de opresión económica (como la inestabilidad en el empleo y los bajos salarios) y social (como lo es cuidar de nuestros hijos).

Llevar esta propuesta hasta el final requiere hablar, por una parte, de cómo el patriarcado impone una visión heretonormada de la sexualidad, que nos cosifica e hiper-sexualiza como mujeres y presenta la noción de que nuestro único papel es satisfacer sexualmente a los hombres y relega todas las actividades sexuales en función de la reproducción y el matrimonio monógamo; romper con esa visión conlleva a abordar el tema de cómo ejercer una sexualidad libre y responsable y hablar de nuestros cuerpos como algo natural y sin tabúes. También va de la mano con explicar el papel que juegan las redes de trata y del narco —las cuales han funcionado por décadas y a la fecha siguen siendo de los negocios más millonarios—, así como quiénes son las más vulnerables a ser víctimas de éstas: las mujeres trabajadoras y pobres.

Según la Organización Mundial del Trabajo, hacia 2005 “alrededor de 2,4 millones de personas [fueron] víctimas de la trata en un momento dado, y las ganancias que reporta ese delito ascienden a unos 32.000 millones de dólares por año”, [1] y este delito no es posible que ocurra si no es en complicidad con el Estado (ejército, policía, banca, instituciones). Por eso las desapariciones de personas se han disparado cuando se implementan políticas como la Alerta de Violencia de Género, con las policías y fuerzas armadas profundamente involucradas en ese negocio y con el aval de diversos bancos que permiten el lavado de dinero que genera esa actividad.

Sobre ese mismo eje es que sigue la publicación de imágenes con fines lucrativos. Todas nos indignamos cuando las fotografías de Ingrid Escamilla recorrieron las redes, pero esa postura consciente del diario La Prensa no se hizo por arte de magia. Por el contrario, la nota roja es una forma que tienen los medios sensacionalistas para tener audiencia, y es que el único objetivo de ello es buscar ganancias a costa del morbo de la población, reforzando la idea de que nuestros cuerpos no valen nada, que son simples mercancías que pueden comprarse, venderse, y desecharse; que no somos seres humanos capaces de actuar y pensar por nosotras mismas y, al no actuar conforme a lo que nos dicta esta sociedad, al no generarles jugosas ganancias a costa de nuestros cuerpos, somos prescindibles de ella.

Posteriormente se propone analizar la violencia de género como una problemática interseccional, lo cual es correcto y progresivo porque reconoce que hay distintos sistemas de opresión que actúan y cambian según experiencia que viven las mujeres. Efectivamente las mujeres viven opresiones distintas, pero sería ingenuo pensar que dicha opresión no se expresa distinto según la pertenencia de clase.

No es lo mismo una mujer adinerada o perteneciente a la clase dominante (como lo puede ser Michelle Obama) que una trabajadora (como las mujeres negras del Bronx o de Alabama que tienen que soportar el racismo y el acoso sistemático de la policía). La desventaja de ignorar esta situación es que se deja la vía libre para que en esa laguna puedan incidir otros actores, con el riesgo de que entre éstos estén nuestros enemigos: los políticos de derecha y ligados a la iglesia, quienes están en contra de que decidamos sobre nuestros propios cuerpos y han legislado en ese sentido en el Congreso.

No es casual que un feminismo liberal como el que se expresa en la Ibero, el de un sector acomodado de la sociedad, no haga una sola mención sobre las mujeres pobres y trabajadoras de este país, que son las que más sufren la violencia de este sistema. El capitalismo no se sostiene si no es a base de la explotación laboral, que es lo que lo articula y permite que se generen las ganancias de las que se benefician los empresarios.

Para profundizar: Feminismo, interseccionalidad y marxismo: debater sobre género, raza y clase

Punto siguiente está la sugerencia de crear una “fiscalía especializada en feminicidios y violencia de género”. El problema con esta propuesta es que es completamente estéril e inviable, no sólo porque es una variante más de la que enarbolaran las ONG el año pasado bajo el HT #FiscalíaQueSirva —misma que el gobierno cooptó y “escuchó” cuando cambió a la PGR por FGR—, sino porque ha habido experiencias previas que han resultado en un completo desastre y manteniendo la impunidad.

Está el caso de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), la cual pretendió dar carpetazo a los crímenes de la guerra sucia de los 60, 70 y 80 e intentó llevar a juicio (sin éxito) al asesino expresidente Luis Echeverría, manteniendo en la impunidad a los otros autores materiales de las masacres a las guerrillas y a los estudiantes, es decir, a los soldados y policías de la Dirección Federal de Seguridad, del Estado Mayor Presidencial, el ejército, el Batallón Olimpia y grupos de choque como los Halcones o la Brigada Blanca. Asimismo, tenemos aún el recuerdo de cuando las fiscalías de Chihuahua quemaron los expedientes de las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez a principios del milenio.

A pesar de que el gobierno ha otorgado algunas concesiones muy mínimas (aunque muy relevantes), como la tipificación del feminicidio o políticas públicas de perspectiva de género (de la cual hablaremos en el siguiente punto), siguen impunes los casos de feminicidios y de hostigamiento a las familias de las víctimas y la violencia hacia nosotras no ha disminuido. Los dichos del presidente demuestran que tiene poco interés real en resolver nuestras demandas más sentidas y frenar la ola de violencia que vivimos; por eso su decálogo original tiene poco de propositivo y mucho de moralista.

Finalmente, la propuesta de capacitar a los funcionarios públicos es una medida que ya se ha implementado en distintas áreas del gobierno, el Estado y la administración pública, teniendo sus correlatos también al interior de los regímenes universitarios como el de la UNAM. El problema radica en que esta política se presenta no sólo como una máscara con la cual se pretende ocultar y mantener en la impunidad los casos de acoso hacia las mujeres, sino que ha sido usado para espiar al activismo estudiantil.

De igual forma, proponer capacitación a los funcionarios también incluiría a las diversas policías, las cuales, como vimos el año pasado, #NoNosCuidanNosViolan y han demostrado no ser nuestras aliadas, así como no tocar las estructuras de gobierno, manteniendo intacta la impunidad reinante en los casos de denuncia, encubriendo a las autoridades responsables y a quienes tienen nexos con ellas y continuando con la negligencia tan insoportable que vivimos miles de mujeres al intentar denunciar ante organismos públicos la violencia a la que estamos sujetas.

¿Qué salida proponemos?

Desde la Agrupación de Mujeres y Diversidad Sexual Pan y Rosas hemos planteado que una de las medidas más urgentes para detener los feminicidios es la inmediata desmilitarización del país y el desmantelamiento de la Guardia Nacional, así como exigir que los militares regresen a los cuarteles.

Para profundizar: Por un plan integran contra la violencia de género en la UNAM

Proponemos que haya clínicas al interior de las escuelas y centros de trabajo donde sea posible practicarse la ILE, así como guarderías y salas de lactancia.

Pensamos que es necesario que termine la precarización laboral y las subcontrataciones, mismas que tanto en la UNAM como en la Ibero mantienen a decenas de mujeres con menores salarios y prestaciones, divididas entre empresas con las que las autoridades universitarias se pueden desentender para lavarse las manos. Por ello es que la lucha del movimiento de mujeres debe articular a todas las trabajadoras, estudiantes y académicas en comisiones tripartitas, donde se incluya el pase a planta y sindicalización de todos los trabajadores y profesores, lo cual además en la Ibero implica hacer esa exigencia al propio Sindicato de Trabajadores de la Universidad Iberoamericana (STUIA), el cual está afiliado a la UNT, central sindical que se reclama democrática contra el charrismo de la CTM.

También consideramos que es necesario organizar comisiones de mujeres en cada centro de trabajo y estudio para discutir democráticamente cómo dar solución a los casos de violencia de género, dando salidas más pedagógicas y dando la posibilidad de mantener el derecho elemental de cualquier persona a la presunción de inocencia y el derecho de réplica, contemplando además los distintos niveles de violencia y las distintas estructuras de poder.

Asimismo, creemos que es urgente exigir el incremento al salario mínimo para que éste sea equivalente al costo de la canasta básica para que no tengamos que preocuparnos con llegar a fin de mes y pagar los servicios básicos que requerimos.

Para esto es necesario imponer nuestras demandas a las autoridades, el gobierno y las direcciones por medio de la movilización, lo cual pasa por que sean las mujeres trabajadoras las que exijan en cada asamblea, cada foro y hacia sus direcciones sindicales, con total independencia del gobierno y los partidos al servicio de los empresarios, que se garanticen condiciones mínimas para enfrentar la violencia hacia nosotras.

Las mujeres trabajadoras, al ser la principal fuerza dentro de la economía (puesto que son mayoría en ramas como la maquila o el sector educativo), son las que pueden pararlo todo con el conjunto de la clase trabajadora (incluyendo a los varones) y proponer la lucha conjunta contra el capitalismo como sistema económico y el patriarcado como institución social. Eso sólo es posible mediante una revolución obrera y socialista que ponga en pie un gobierno de los y la trabajadoras y actores oprimidos, pues ello sienta las bases para comenzar a desarticular las distintas opresiones existentes, ya que hay mujeres que, además de ser trabajadoras, son de la diversidad sexogenérica, indígenas, refugiadas, etc.

La revolución concretiza la alianza de todos los sectores oprimidos y explotados por este sistema para que ésta siente las bases de un nuevo tipo de sociedad más igualitaria. Concretamente: un sistema socialista que garantice la igualdad material de todos los sectores oprimidos y combata los prejuicios ideológicos que la alianza entre el capitalismo y el patriarcado nos ha inculcado.



[1Organización Internacional del Trabajo, Una alianza global contra el trabajo forzoso: informe mundial en el marco del seguimiento de la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo (Ginebra, OIT, 2005). Figura en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_081882.pdf





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