Política Estado Español

CATALUNYA PRESUPUESTOS 2020

Preacuerdo entre Govern y Comuns: Más recaudación sin aumento del gasto social

El Govern catalán y los Comunes han alcanzado un preacuerdo presupuestario para las cuentas del 2020. Este modificará el IRPF y aumentará la recaudación, pero no contempla un aumento significativo del gasto.

Federico Grom

Barcelona | @fedegrom

Miércoles 18 de diciembre de 2019 | 18:06

Este acuerdo llega en medio de las negociaciones abiertas por ERC para la investidura de Pedro Sánchez. También está cruzado por el debate sobre los presupuestos del Gobierno municipal de Ada Colau y es entendido como un gesto en la “normalización institucional” de una Generalitat, que funciona con las cuentas prorrogadas desde 2017. Es decir, desde la aplicación del 155.

“Normalización” que tiene un duro y sinuoso camino que recorrer, tanto por las aspiraciones sociales de importantes sectores a la autodeterminación como por la propia represión del Estado para quienes quieren emprender la vuelta al autonomismo.

Pero también expresa la necesidad de hacerlo rápidamente antes de un probable escenario de adelanto electoral tras la posible inhabilitación de Torra por la justicia, aunque todo indica que no quedarán tramitados parlamentariamente hasta principios de marzo.

Se incrementaría así en el preacuerdo el mínimo exento de los 5.550 a 6.105 euros para los contribuyentes que ingresen un máximo de 12.450 euros. Para compensar la pérdida recaudatoria que supondrá, se subirían dos puntos porcentuales a las rentas superiores a los 90.000 euros, 23,5%, llegando hasta el 24,5%, para las rentas superiores a los 120.000 euros. Sin embargo, las rentas superiores a los 175.000 mantienen sin modificación el tipo del 25,5%. Este plan implicaría una subida de impuestos de 543 millones de euros.

Esto, partiendo de que Catalunya tiene uno de las tipos más altos de IRPF entre las comunidades autónomas para las rentas más bajas, el tramo entre los 12.000 y 30.000 euros. Algo que está lejos de ser así en las rentas más altas. Incluso con la aplicación de este preacuerdo las rentas más bajas seguirán pagando más que en el resto de las comunidades y no queda claro que el aumento en la recaudación signifique un aumento en el gasto social.

Prevén también una modificación del impuesto de sucesiones dándole cierta progresividad, la implementación del impuesto sobre emisiones de CO2 y la creación de un nuevo tributo sobre las instalaciones que impactan al medio ambiente que afectaría en especial a las empresas eléctricas y telefónicas.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonés, ha destacado que el acuerdo sobre ingresos implica un "primer paso que nos debe permitir cerrar el acuerdo sobre los gastos", es decir, un apartado que promete ser mucho más modesto y continuista.

"El preacuerdo entre @gobierno y @CatEnComu no es un pacto para dar respuesta a las aspiraciones nacionales y sociales, sino que es un pacto de cúpulas para garantizar la gobernabilidad a muchos niveles", denuncia la izquierda independentista, la CUP, en su cuenta de twitter.

"Tenemos una sanidad y unos servicios sociales colapsados, una educación segregada y el 20% de catalanas en el umbral de la pobreza. Y un preacuerdo por los presupuestos que no van vinculados a un aumento del gasto social".

El presupuesto en educación es hoy un 9,3% menor al del 2010, antes de los ajustes del gobierno de Artur Mas. En la sanidad, aún se está muy lejos de recuperar el recorte presupuestario del 20% de ese mismo año que sufrió la atención primaria.

Un panorama, además, en los servicios públicos que lejos de frenarse se van a profundizar en un futuro si se acaba aprobando la conocida como “Llei Aragonés”.

En la misma línea intervino Carles Riera, denunciando el preacuerdo como un “intercambio de favores” para conquistar cuotas de poder entre estas formaciones y que busca la “estabilidad institucional” en un momento de excepcionalidad represiva.

Una reforma fiscal, con un barniz de progresividad para deslumbrar al observador incauto, pero al servicio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la modificación 135 de la Constitución aprobada por el PSOE y el PP, que garantiza la prioridad absoluta del pago de la deuda pública sobre las enormes necesidades sociales. Algo que desde el Govern catalán se ha aplicado a rajatabla y que no pareciera tampoco que el acuerdo y el futurible gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos vayan a cuestionar.

En definitiva, más allá de que el apartado de “gastos” aun esté por negociarse, todo apunta a unos presupuestos lejos de las verdaderas necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares. Que con salarios de miseria y en la más absoluta temporalidad y precariedad no podemos hacer frente al aumento desorbitado de los alquileres y los servicios básicos, en el marco de la degradación de los servicios públicos.






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