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CORRUPCIÓN Y CAPITALISMO

Perú: el caso Tumán y la lucha de los trabajadores y sus familias

Jueces al servicio de los ricos, corrupción y crisis del poder judicial peruano. El caso de los trabajadores de la azucarera Tumán que pelean por sus fuentes de empleo y por el control de la fábrica. El viernes 3 de agosto, los trabajadores y sus familias fueron víctimas de una brutal represión policial para garantizar la instalación del grupo empresarial Oviedo en la administración de la azucarera.

Cecilia Quiroz

Militante de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores "CST"

Sábado 11 de agosto de 2018 | 17:05

Foto: El Comercio
Trabajadores de la azucarera Tumán

En Perú, durante las últimas semanas se desató una crisis en el Poder Judicial al difundirse audios de Jueces, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y empresarios, en los que se los escucha negociar favores y uno de los implicados es el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Edwin Oviedo.

Denuncias periodísticas mostraron que este personaje viene entrampando y alargando los procesos de investigación que se le sigue cuando administraba la Empresa Azucarera Tumán y se presume que desvió fondos millonarios, e incluso que es el autor intelectual de la muerte de dos trabajadores opositores a su gestión.

En la presente nota analizaremos los orígenes de este conflicto y también el rol que juega el Poder Judicial blindando a empresarios nacionales.

Un poco de historia

La hoy Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. tiene una larga historia. Para conocer más detalles nos remontamos a la época colonial, a fines del siglo XVII, cuando se llamaba “Hacienda azucarera de San Francisco de Borja de Tumán” y era propiedad de los jesuitas. Con la expulsión de esta orden religiosa de los territorios colonizados por España, la hacienda pasa a estar en manos de la corona española. Ya en la época republicana, ha tenido diversos dueños, hasta que en 1968 se dio la reforma agraria promovida por el gobierno bonapartista del general Velazco Alvarado y se ordena que la hacienda pase a ser de propiedad de sus trabajadores, sin embargo, estos debían pagar por un periodo de 20 años el valor de S/. 472’044,945.00 a sus antiguos dueños, la familia del ex presidente Pardo.

La forma jurídica y la denominación con la que se adjudicó a sus trabajadores fue: “Cooperativa Agraria de Producción Tumán”. Desde el 24 de junio de 1970 ha estado bajo gestión de sus trabajadores y en la década de los 80’ fue la primera empresa en producción de azúcar en nuestro país.

Inicios del conflicto

Por orden judicial, desde 2006 hasta septiembre de 2015, la azucarera Tumán paso a estar bajo administración del “Grupo Oviedo” por una deuda de S/. 4 500, 000.00. Durante este tiempo, las acciones de los trabajadores accionistas, jubilados y herederos legales, disminuyeron y para el año 2015 estas acciones estaban divididas de la siguiente manera: trabajadores 15.75 %, jubilados 23.42 %, herederos legales 10.80%, sector privado 50.03%. Las acciones del sector privado en el año 2004, antes del ingreso a la administración del “Grupo Oviedo”, solo representaba 26.31 %. Esta correlación desfavorable para los trabajadores ha hecho que quienes están en la administración de la empresa desvíen millonarios fondos a empresas offshore vinculadas a los Oviedo, como lo demuestran las recientes denuncias en el programa de Tv Cuarto Poder; estos desvíos han llevado a que la empresa azucarera atraviese por una profunda crisis.

La lucha continúa

El viernes 03 de agosto de 2018 mediante orden judicial y con la presencia de más de 500 efectivos policiales, impusieron nuevamente una administración judicial vinculada al Grupo Oviedo, que actualmente está siendo investigado por lavado de activos y por la muerte de dos trabajadores opositores a su administración. En las denuncias periodísticas de Cuarto Poder, se ha puesto en evidencia que las investigaciones se vienen tardando por los hoy demostrados vínculos del señor Edwin Oviedo con el Ex Juez Hinostroza y otros altos miembros del Poder Judicial, ya que al parecer lo han venido blindando durante los últimos años.

Los trabajadores y sus familias, el viernes 3 de agosto, fueron víctimas de una brutal represión dirigida por el Jefe Policial de la Región Lambayeque, quien se dio cita hasta el distrito de Tuman para garantizar la instalación del grupo Oviedo en la administración de la azucarera. Quedó demostrado así que las fuerzas del orden y el Poder Judicial están para proteger los intereses de los empresarios, ya sean nacionales o extranjeros, ellos no son aliados de los trabajadores o el pueblo, ellos están del otro lado de la vereda.

El subsecretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán, el señor Juan Torres aseguró al diario El Comercio que unos 30 trabajadores permanecen atrincherados dentro de la fábrica “con el objetivo de cuidar las 9.438 bolsas de azúcar que se encuentran guardadas en el almacén” y en los exteriores permanecen cientos de trabajadores junto a sus esposas y demás familiares.

Los trabajadores, sus familias y los pobladores de Tumán están protegiendo los almacenes de la empresa para que la administración no se lleve los sacos de azúcar. En declaraciones a un medio nacional la esposa de un trabajador dijo: “Nosotros estamos impagos desde hace un año y no vamos a permitir que el Grupo Oviedo retire del almacén las bolsas de azúcar, que son de propiedad de los trabajadores, no de ellos”, además agregó: “Estamos haciendo olla común con el apoyo que nos brinda la población, estamos en crisis, pero hay solidaridad”.

Control obrero y fiscalización social: antídotos contra la corrupción

La única salida a este conflicto es que se destierre de la administración a los accionistas privados y los trabajadores tengan el control total de la empresa azucarera Tumán, ellos la han dirigido de manera exitosa por muchos años y para acabar con la corrupción se tiene que hacer una auditoría independiente del Estado y el Grupo Oviedo, que permita determinar la naturaleza de los “desvíos de fondos” y a donde fue a parar todo este dinero.

Solo el control obrero y un mecanismo de participación social de la comunidad, pueden garantizar que la empresa vuelva a funcionar y los trabajadores y sus familias accedan a sus puestos de trabajo y a tener acceso a sus salarios. Este Estado y sus instituciones no garantizan una solución que beneficie a los trabajadores y al pueblo de Tumán, ya que solo garantizan las ganancias de los empresarios.

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