Mundo Obrero México

CRIMEN PATRONAL

Pasta de Conchos: a once años del homicidio industrial de Grupo México

Tras once años Grupo México, liderado por el millonario Germán Larrea, sigue impune y el grito de justicia sale a las calles.

Alex Osorio

México

Martes 21 de febrero de 2017

Este domingo 19 de febrero, todas las secciones del sindicato minero realizaron actos de homenaje y recuerdo a los 65 mineros de Pasta de Conchos que hace once años perdieron la vida a causa de las precarias condiciones de trabajo imperantes en la mina que tuvieron como consecuencia una explosión generada por la acumulación de gas.

En Nueva Rosita, Coahuila, familiares, organizaciones solidarias y distintas secciones del sindicato minero partieron en punto de las diez de la mañana hacia la entrada de la mina, dónde aún hay 63 cuerpos sepultados.

Entre consignas contra los gobiernos de Fox y Calderón así como al empresario Germán Larrea, la marcha llegó a la mina para ser finalizada con un discurso por parte del sindicato minero en el cual exigieron tres puntos:

1.- Que se recuperen los cuerpos de los 63 mineros que permanecen insepultos en los socavones de la Mina 8. Los familiares tienen el derecho pleno a sepultar dignamente a sus hijos, hermanos, tíos.

2.- Que el consorcio Grupo México otorgue sustanciales pensiones a los familiares de los caídos, que les permitan vivir decentemente durante los siguientes años y educar y darles la protección de la salud necesaria hasta la edad adulta para ellos y sus descendientes. Hasta el momento esa empresa sólo erogó recursos verdaderamente mezquinos e insultantes para la magnitud de la tragedia de las familias de los mineros fallecidos, que no tienen comparación con las brutales y altísimas ganancias que la empresa obtiene en sus operaciones año con año, las cuales siguen creciendo.

3.- Que se castigue ejemplarmente a los responsables del estallido de gas metano en la mina de Pasta de Conchos, con cárcel y con todo el peso de la ley. Este atentado a los trabajadores mineros no debe pasar inadvertido por la justicia ni por la sociedad, que necesitan dar una sanción ejemplar contra la negligencia criminal de la empresa Grupo México y su dirigente Germán Feliciano Larrea Mota Velasco. Además, este castigo debe ser la base para crear una legislación que penalice la negligencia criminal de esta y de todas las empresas en el país.

Impunidad para los patrones, olvido para los trabajadores

A once años del homicidio industrial, 63 familias continúan sin poder sepultar a sus familiares mineros y es que si no fuera suficiente con la brutal pérdida, la empresa no sólo se niega a otorgar pensiones a los familiares sino que ni siquiera piensa en sacar de la mina los cuerpos de los mineros fallecidos.

German Larrea, director de Grupo México, es el segundo hombre más rico del país, sólo detrás del magnate de las telecomunicaciones, Carlos Slim. Ostenta una fortuna 14,900 millones de dólares que lo hace estar en el número 67 de la lista de millonarios a nivel mundial de Forbes del 2014.

Su empresa, Grupo México, es la empresa minera más grande de México y la tercera productora de cobre más grande del mundo, reconocida en el país por su ferocidad contra los opositores a la minería y por el que se considera el mayor desastre ecológico en la historia de México: el derrame tóxico de 10 millones de galones de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi.

Con todos los antecedentes y a once años de Pasta de Conchos, no hay ningún culpable ni proceso contra Grupo México. Pareciera que los gobiernos panistas de Fox y Calderona así como el actual gobierno de Peña Nieto quieren dejar en el olvido a nuestros 65 compañeros.

El conjunto de los sindicatos que se reclaman democráticos, las organizaciones políticas y de derechos humanos tenemos que pedir juicio y castigo a los culpables del homicidio industrial de Pasta de Conchos, así como la recuperación de los 63 cuerpos de los mineros fallecidos.

Para que nunca más vuelva a suceder una muerte obrera, tenemos que pelear por condiciones laborales y medidas de seguridad establecidas por los propios trabajadores y cualquier empresa que lo incumpla, sea expropiada y puesta bajo control obrero.






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