Internacional

PANORAMA POLÍTICO

México supera 150 mil contagios y Lopez Obrador acelera regreso a la “normalidad”

López Obrador responde a las exigencias empresariales con la reactivación económica, a costa de la vida de las y los trabajadores.

Pablo Oprinari

Ciudad de México / @POprinari

Martes 16 de junio | 13:49

Más de 17 mil decesos. Los casos de covid por encima de los 150 mil. La percepción social no se equivoca: los contagios están al alza. Incluso funcionarios del gobierno han dicho que no hay evidencia de que bajen sustancialmente las muertes por coronavirus. Pero Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) está decidido a impulsar el reinicio de las actividades, acelerando el paso a “semáforo naranja” de los estados.

Para esto, se anunciaron medidas de relajamiento de la cuarentena, las cuales iniciaron desde el lunes 15, bajo la adelantada presunción de que se abandonaría la fase “roja” en distintas entidades al final de la semana. Es el caso de la Ciudad de México, donde la jefa de gobierno Claudia Scheinbaum, del Morena, dio el banderazo de salida para el reinicio de distintas actividades económicas. Esto aunque la ciudad, donde viven y transitan millones de personas, aún no abandonó el color de la alarma.

Para justificar estas medidas, el gobierno federal enarbola un discurso tranquilizador, reforzando la retórica que mostró desde el inicio de la pandemia. A tal punto que AMLO lanzó un decálogo –sus “10 mandamientos”– en los que, cual si estuviera en campaña, “llama al optimismo y a salir con alegría y sin temores ante la nueva normalidad”, lo cual podría considerarse surreal mientras crecen día con día los hospitalizados y los muertos.

En los estados, los gobernadores –muchos de los cuales militan en la oposición– también aceleran las fases de la llamada reapertura a tono con las exigencias empresariales, mientras en varias de esas entidades crecen los casos de brutalidad y violencia policial, en particular contra la juventud, como en Oaxaca, Estado de México y Jalisco.

El decálogo de AMLO, las buenas intenciones y la política neoliberal

Mientras todo esto ocurre, el gobierno y las autoridades sanitarias mantienen su negativa a realizar pruebas de forma masiva. Esto, a la altura de lo que se requeriría para salvaguardar la salud de quienes estarán obligados a volver a sus puestos de trabajo, empezando por las y los trabajadores del sector sanitario, así como para las millones de personas que laboran en la industria y los servicios.

Este panorama y la política absolutamente irresponsable de López Obrador abren el peligro de un mayor ascenso de los contagios y las muertes. La escalada de las últimas semanas podría multiplicarse en los próximos días, debido a la mayor exposición en la cual estarán millones de personas. Esto está lamentablemente potenciado por la falta de medidas de control y seguimiento de la expansión del virus.

Prioridad del gobierno: la reactivación a costa de los trabajadores

Semejantes medidas no tienen ninguna justificación social y sanitaria. Tampoco pueden ser validadas por los argumentos del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, quien según escribimos aquí que, debido a que la mitad de la población vive al día, necesitan salir a trabajar para obtener ingresos. Esto obvia la responsabilidad gubernamental de dar una respuesta a esta situación, la cual no debería ser exponer a millones al contagio de forma negligente y criminal.

El apuro del gobierno “progresista” de AMLO y de los gobernadores estatales es la respuesta dócil a las exigencias empresariales y de las trasnacionales estadounidenses, así como del mismo Donald Trump, quienes necesitan reactivar la producción y el consumo. Primero fue la reapertura de la industria maquiladora y automotriz el 1 de junio. Y ahora lo que estamos viviendo bajo señales alarmantes.

López Obrador y su gabinete están preocupados por los efectos económicos de la crisis actual, y en particular por el resultado de la paralización de la economía. México es uno de los países de América Latina donde se prevé una mayor contracción del Producto Interno Bruto; mientras el Banco de México afirma que la caída podría estar entre el 4,6 y el 8,8%, JP Morgan Chase lleva esta previsión al 10,5%. Y esto sin considerar una posible segunda oleada de la pandemia.

Un panorama de catástrofe con consecuencias políticas para el gobierno de López Obrador, cuya popularidad podría experimentar una baja mayor, en tanto que encuestas sostienen que algunos de los gobernadores de oposición vienen al alza en términos de aprobación de mandato.

Para contrarrestar esto, AMLO apuesta fuertemente al nuevo Tratado México- Estados Unidos- Canadá (T-MEC) lo cual implica acelerar la reactivación económica y responder a las exigencias de la cadena de valor y el intercambio comercial. Ante esto, como dijo la publicación imperialista The Economist, “La política del Gobierno mexicano parece ser: ´si no puedes controlar el virus, elimina la cuarentena´”. Los beneficiarios de ello serán los empresarios y trasnacionales, que amasan y acumulan grandes ganancias a partir de la explotación de las y los trabajadores, ahora en condiciones de gran riesgo para su salud.

Que la crisis y la “reactivación” no la pague el pueblo trabajador

Ante la situación que atraviesan millones de trabajadores y sus familias, la salida no puede ser una reapertura irresponsable realizada, además, sin medidas enérgicas de control sanitario, las cuales deberían iniciar por pruebas de detección masivas.

Es necesario realizar lo que el gobierno se negó a hacer desde que inició la pandemia.

Por una parte, en el sector informal –donde se ocupa un 60% de la población económicamente activa– garantizar un salario de cuarentena que sea muy superior a las ayudas limitadas que hoy otorga. Como decimos aquí, “estas deberían ser equivalentes al costo de la canasta básica y permitan acceder a bienes y servicios básicos como transporte, vivienda, salud, vestido, calzado y esparcimiento.” Para llevar adelante esto, hay que imponer un impuesto extraordinario a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

Junto a ello, ante un panorama donde se prevén más de 4 millones de despidos, y se calcula que ya se han perdido 2 millones de puestos de trabajo, es esencial llevar adelante la prohibición de los despidos y de las reducciones salariales.

Así como el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, con un salario –como mínimo– al nivel de la canasta básica y actualizado de acuerdo con el costo real de vida, el cual debe salir de las ganancias que han acumulado durante años los capitalistas; quienes no lo puedan garantizar, sus empresas deben ser expropiadas y puestas bajo control obrero.

Todo esto considerando, por supuesto, las condiciones de seguridad e higiene, bajo las cuales toda reapertura deberá ser decidida por las y los trabajadores de forma democrática en sus lugares de trabajo.

El gobierno dice que la reactivación económica busca “ayudar” a las necesidades de la mayoría de la población de trabajar. Pero lejos de eso, solo “ayuda” a los capitalistas a mantener sus ganancias.






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