Géneros y Sexualidades

NI UNA ASESINADA MÁS

Mantener el delito de feminicidio, ¿resuelve el cáncer de violencia contra las mujeres?

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró que el delito de feminicidio es muy difícil de comprobar, por lo que propuso eliminarlo del Código Penal y mantener el de homicidio agravado. Su declaración fue ampliamente repudiada.

Yara Villaseñor

Socióloga - Militante del MTS @konvulsa

Viernes 7 de febrero | 22:47

Según Gertz, la dificultad probatoria del delito de feminicidio radica en que “se consideran siete condiciones, requisitos y circunstancias que complican su judicialización”, es decir, la acreditación del mismo para imponer las penas de 40 a 70 años.

Hasta AMLO se vio obligado a delimitarse de las declaraciones de Getz Manero argumentado que la “situación especial en la universidad” podría agravarse tras “malinterpretar” cualquier iniciativa de reforma del Código Penal (CP) “aun si fuera buena”.

Estas declaraciones demuestran que la intención principal de AMLO no es defender el carácter progresivo de la tipificación del feminicidio en el CP, sino evitar a toda costa dar más argumentos que pongan en riesgo la gobernabilidad del país o de instituciones como la UNAM. Queda claro que el temor a la movilización en las calles puede influir en la agenda del gobierno.

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), obliga al gobierno mexicano a implementar todos los recursos y política necesarias para reducir la vulnerabilidad de las mujeres. Sin embargo, los índices de feminicidio se han triplicado desde la primera década del 2000 llegando hoy a la cifra de 10 asesinadas por día.

Claramente, la declaración de Gertz Manero tiene un contenido machista al guardar silencio frente a las difíciles condiciones que las mujeres enfrentan al hacer exigir justicia en nuestro país. Esto, debido al contenido patriarcal de la justicia, que revictimiza a las denunciantes, obligándolas a comprobar los hechos de violencia –cuestión que se agrava al tratarse de intentos de feminicidio-, y dejando impunes a los políticos, empresarios y funcionarios responsables de las políticas que orillan a las mujeres a enfrentar una vida llena de violencia.

Cómo, si no, podríamos identificar el carácter de clase en los feminicidios, que aquejan sobre todo a mujeres pobres y trabajadoras, habitantes de las periferias donde escasea el transporte, no hay alumbrado público o la violencia estructural golpea más crudamente.

Son las más pobres las que no pueden separarse de sus parejas violentas, pues no les alcanzan los bajos salarios para mantenerse a sí mismas y a sus familias, y son las que menos posibilidad tienen de desarrollar mecanismos para salir del círculo de la violencia, sin atención y acompañamiento psicológico.

Son ellas las que no pueden denunciar a sus agresores en los centros de trabajo, pues la mayor parte de las veces son sus superiores y hacerlo implica perder sus puestos en un momento de alto desempleo y mucha precariedad; son las mismas que no pueden acceder a abogados para garantizarse el acceso a una justicia que sólo existe para los ricos; y las que sufren las secuelas de los abortos clandestinos.

Todos estos agravios son consecuencia de las políticas patronales y anti obreras votadas por los partidos del congreso y por un gobierno al servicio de los grandes empresarios que nada tiene de feminista, como pudiera pensarlo alguna entusiasta seguidora de AMLO.

La tipificación del feminicidio: entre el progresismo y la punitividad

La tipificación del feminicidio en México fue un gran logro de la movilización de familiares de víctimas, organizaciones no gubernamentales, feministas y activistas. Por fin pudimos visibilizar en la legislación que la saña impresa en los cuerpos de las mujeres asesinadas, las vejaciones y tortura sexual -así como la exposición de sus cuerpos para enviar un mensaje disciplinador- configuraban características que no se presentaban en los asesinatos de varones.

Sin embargo, dos problemas surgen de su tipificación. El primero es producto de la trampa del derecho penal burgués, un mecanismo de la clase dominante para proteger su propiedad privada y el mantenimiento de su status quo. El derecho penal no puede castigar instituciones ni al gobierno: está limitado al castigo individual, el cual resulta impotente si es la única medida para combatir un problema social que se ha acrecentado.

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Nunca una institución ha sido sancionada por su responsabilidad en las campañas políticas misóginas o por su publicidad machista -incluyendo a la Iglesia-, ni el gobierno ha enfrentado cargos por fomentar una campaña reaccionaria y de odio.

Además, el castigo a funcionarios y políticos sigue muy lejos de ser el punto fuerte de la justicia mexicana, como expresa la exoneración de Cuauhtémoc Gutiérrez, senador del PRI acusado de manejar redes de trata, la absolución de “Los Porkys” o la impunidad imperante en particular cuando se trata de los ricos y poderosos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, si bien el castigo y la sanción son recursos válidos que presionan para modificar conductas sociales, no podemos ignorar la necesidad de implementar mecanismos de prevención de la violencia. Pues al tratarse de un problema estructural, las medidas deben apuntar a la propia estructura económica y política que reproduce y sienta las bases para la violencia, buscando disminuir al máximo sus efectos nocivos sobre las mujeres.

Por eso, proponemos un plan integral contra la violencia que contemple:

-*transporte gratuito y seguro con rutas especiales para las zonas periféricas más inseguras y que funcione las 24 horas.

  • Salud de calidad garantizada para todas y todos, con guarderías y salas de lactancia obligatorias en todo centro de trabajo y estudio, licencias de maternidad, planes de salud sexual y reproductiva integral y la Interrupción Legal del Embarazo en todas las clínicas y hospitales del país-
  • Refugios gratuitos para mujeres que sufren violencia y sus familiares. Administradas por profesionales y usuarias y con atención psicológica integral.
  • Aumento salarial de emergencia acorde a la canasta básica y que esta aumente según la inflación, así como estabilidad en el empleo y derecho a la basificación, para que ninguna mujer se vea obligada a sufrir violencia económica de sus parejas o familiares debido a los bajos salarios; además de,
  • Comisiones de género y diversidad sexual en todos los centros de trabajo y estudio, que discutan todas las medidas necesarias para disminuir la violencia.

Estas son sólo algunas medidas iniciales, enfocadas particularmente a combatir las condiciones que posibilitan las expresiones de violencia más graves, como el feminicidio y la desigualdad económica que muchas veces obliga a las mujeres a mantenerse bajo el mismo techo que sus agresores. Y podrían ser financiadas con el presupuesto de la Guardia Nacional –que reprime a nuestras hermanas migrantes-, dejando de pagar la deuda externa o con impuestos progresivos a las grandes fortunas.

Sin embargo, todas las medidas faltantes, así como su implementación, solo surgirán de la organización de las mujeres, particularmente las trabajadoras, en contra de la violencia patriarcal en todas sus expresiones, y solo podrán ser aplicadas si se imponen mediante la movilización empujada por un potente movimiento de mujeres combativo e independiente del gobierno.

Desde Pan y Rosas peleamos por esto y mucho más bajo una perspectiva anticapitalista, pues consideramos que la violencia estructural es consecuencia directa del sistema económico capitalista y patriarcal, contra el que nos organizamos en clave socialista y revolucionaria, impulsado por las mujeres y hombres que se propongan luchar en las fábricas y el campo, dispuestos a acabar de raíz con este sistema de opresión y explotación y transformarlo.






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