DEBATE

Legalización de drogas: ¿para quién?

La legalización de las drogas en México está muy lejos de ser una realidad. El debate lleva muchos años en el ámbito político y apenas ahora, desde hace más de 70 años, parece que se ha dado un paso jurídico para cuestionar las leyes punitivas contra el uso de drogas.

Viernes 13 de noviembre de 2015

La Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable (SMART) inició un proceso legal en 2013, en distintas instancias gubernamentales antes de llegar a la Suprema Corte de Justicia y conseguir el amparo que le permite a cuatro personas hacer uso de la mariguana de manera lúdica.

En el ámbito de los derechos democráticos esto representa un gran avance en cuanto a la apertura para la discusión sobre la legalización de las drogas.

Cuatro personas, integrantes de SMART, a diferencia de los 6 millones de usuarios que hay en México pueden consumir mariguana sin ser perseguidos por la ley. Son empresarios integrantes de México Unido Contra la Delincuencia; Andrés Aguinaco, abogado de la sociedad y el responsable de la iniciativa, es sobrino del ex-secretario de Hacienda Gómez Mont, nieto de Vicente Aguinaco quien fue presidente de la Suprema Corte e hijo de Fabián Aguinaco propietario de un despacho especializado en amparo.

Los analistas de los medios oficiales recalcan que la iniciativa promovida por “ciudadanos” es la vía para abrir el camino a la legalización de las drogas: la gestión en los tribunales del derecho a decidir sobre el propio cuerpo hasta que la subordinación a los tratados internacionales lo permita.

Pero el usuario de escasos recursos está muy lejos de poder ser beneficiado con el visto bueno de la Corte. Sólo los que puedan costear abogados que hagan los trámites en las instancias correspondientes y que cuenten con la influencia necesaria como para hacer que algún magistrado tome su caso, van a poder usar la mariguana para fines lúdicos. Un gran avance en el terreno de la democracia que en estos momentos se reduce a cuatro personas y los pocos que puedan costear el proceso.

La gran mayoría de los usuarios seguirán siendo posibles pobladores de los reclusorios acusados de dañar la salud pública, mientras continúe la política prohibicionista que fomentó el auge del tráfico de drogas como una de las más redituables actividades de la economía “ilegal” bajo el ala de los gobiernos estadounidenses y mexicanos en la región.

La legalización de las drogas es una demanda democrática que se tiene que ganar en las calles, no sólo para hacer efectivo el uso del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sino también para poder hacer uso del recurso natural para la industria y la medicina, áreas inexploradas debido a la prohibición y avanzar en detener la descomposición social que crea la ilegalidad.

El uso legal de la mariguana es un derecho democrático que se va a conquistar con la movilización independiente en las calles, sin confianza en los partidos de la burguesía. Lo que se puede resolver en los tribunales tiene un límite debido a la política prohibicionista. Los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, los sindicatos y las organizaciones independientes tienen que recoger la demanda de la legalización de las drogas y hacerla efectiva.






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