Géneros y Sexualidades

TRIBUNA ABIERTA

La imposición de parir como cuestión de clase y raza

Catalina RP

Periodista, Usach

Martes 31 de julio de 2018

Mujeres paridoras

Desde el inicio de lo que conocemos por historia de la humanidad, se ha constatado materialmente que la mujer se encuentra delimitada a cumplir ciertos roles. A esto se refiere la filósofa, política marxista y activista afroamericana feminista, Angela Davis, en su libro “Mujeres, raza y clase”, con respecto a la coacción de la maternidad en su transversalidad a lo que apunta el género femenino, pero centrándose específicamente en mujeres negras y esclavas, como una de las caras más crudas de la opresión, dominación y violencia expresada en la imposición de parir.

La autora plantea que -las mujeres esclavas y negras- a los ojos de sus propietarios, no eran en absoluto madres, sino, simplemente instrumentos para garantizar el crecimiento de la fuerza de trabajo esclava, demostrando cómo el cuerpo de las mujeres era propiedad privada de un amo y que su único fin fue la cosificación de sus cuerpos con el propósito de maximizar la productividad. A la vez, agrega que las esclavas “eran consideradas «paridoras», es decir, animales cuyo valor monetario podía ser calculado de manera precisa en función de su capacidad para multiplicar su número”.

En el transcurso de la historia, los escenarios se fueron modificando. Si bien ya no eran - los amos o propietarios- dueños de los cuerpos de las mujeres, recayó una férrea potestad sobre los maridos y esto queda en evidencia con la violencia sexual ejercida en casa que sufrieron la mayoría de las mujeres que nos han antecedido.

A raíz de esto y en pos de la emancipación de la mujer, emergieron distintas demandas que buscaban liberar y fomentar la autonomía de la mujer. Así se puede ratificar cuando las feministas del siglo XlX, levantaron la voz exigiendo la maternidad voluntaria, como primeros indicios de una campaña por el control de la natalidad.

Como en cada paso hacia la exterminación de la sumisión de la mujer ante la humanidad, las defensoras de la maternidad consentida fueron llamadas radicales y, a la vez, sometidas a la misma burla que recayó sobre las primeras impulsoras del sufragio femenino. La causa la expresó Davis, manifestando que “la maternidad voluntaria, fue considerada irreverente, escandalosa y descabellada por aquellos que insistían en que las esposas no tenían derecho a negarse a satisfacer los impulsos sexuales de sus maridos”.

Estos derechos, tanto del control de la natalidad como del sufragio femenino, terminaron siendo casi totalmente aceptados en su totalidad como algo innegable por la opinión pública en términos sociales, pero en el transcurso de un siglo emergieron nuevas reivindicaciones por la autonomía de las mujeres sobre sus vidas, desligada de la moral castigadora de la Iglesia, abriendo paso a la necesidad del aborto legal y accesible para todas las mujeres, cuestión que no fue menos polémica de lo que habría sido la maternidad voluntaria y en la cual nos hemos visto envueltas hasta estos días.

No todas las mujeres buscan aborto legal

El orden social se presenta en la estructura social, cultural y política hegemónica que se encuentra implícitamente presente en diversas culturas, representando la opresión vivenciada por la mujer a través de su vida y de toda la historia y esto se potencia aún más cuando se añaden otros factores como lo son la raza y la clase.

Así mismo lo expresó en sus escritos, Angela Davis, manifestando cómo los factores de raza, clase y género están íntimamente relacionados. Y, de esta manera, plantea que los derechos de las mujeres han nacido desde los movimientos políticos, alzados por las clases más acomodadas.

En esta misma línea, la escritora plantea que no es casual que “la conciencia de las mujeres de sus derechos reproductivos hubiera nacido dentro del movimiento organizado por su igualdad política. De hecho, si permanecían para siempre teniendo que soportar continuos partos y frecuentes abortos espontáneos, difícilmente serían capaces de ejercer los derechos políticos que pudieran ganar”.

Es así como queda de manifiesto que aquellas mujeres pertenecientes a las clases trabajadoras son quienes sufren las consecuencias, por ejemplo, de los abortos clandestinos que se realizan bajo condiciones precarias, debido a la falta de recursos económicos.

Esta manifestación es, a su vez, un tipo de violencia sufrida por aquellas mujeres más pobres. Esto también lo hemos podido apreciar actualmente en Chile, en que sectores de las clases acomodadas, es decir una pequeña élite, es la que puede acceder a un aborto seguro en clínicas privadas o en el extranjero aún sin ser siquiera despenalizada la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, menos aún, legalizada.

Es por lo anterior, por las desiguales condiciones sociales y económicas, que esta teórica marxista plantea que “el control de la natalidad - la elección individual, los métodos anticonceptivos seguros, así como los abortos cuando son necesarios - es un prerrequisito fundamental para la emancipación de las mujeres”.

De esta forma, Davis afirma que aún mediante la emancipación de las mujeres por sus derechos sexuales y reproductivos, no ha podido establecerse una unión entre diversas clases sociales y económicas, dejando siempre de lado las demandas de las mujeres trabajadoras.

En este sentido, enuncia que “dado que el derecho al control de la natalidad es obviamente ventajoso para las mujeres de todas las clases sociales y de todas las razas, sería esperable que incluso grupos de mujeres enormemente dispares hubieran intentado unirse alrededor de esta cuestión. Sin embargo, el movimiento por el control de la natalidad rara vez ha conseguido, en la práctica, unir a mujeres de orígenes sociales diversos y sus líderes pocas veces han transmitido a la sociedad las preocupaciones genuinas de las mujeres de clase trabajadora”.

De esta manera queda en evidencia cómo el aborto legal no es una demanda unificada en todas las mujeres, pues unas pocas -que son quienes reivindican solamente los derechos políticos- pueden realizarse un aborto al poseer un nivel económico mayor y, en ese sentido, levantan las banderas por un “aborto libre”, pues no necesitan la legalidad para poder acceder a estas intervenciones médicas. Lo anterior no atiende las necesidades de aquellas mujeres que no cuentan con recursos seguros para asegurar una interrupción voluntaria del embarazo, en donde son las mujeres pobres quienes se deben someter a abortos clandestinos y todos los riesgos que conlleva.

Un aborto libre significa que no exista restricción en cuanto a las causales en que se admite la interrupción voluntaria del embarazo, aspecto necesario para que no se condene a aquellas mujeres que recurran a ello. Pero también se hace necesario políticas públicas de salud que apunten a la atención profesional a la que toda mujer -independiente de su condición socioeconómica- pueda acceder de forma gratuita, garantizada por el Estado, lo que nos hace devolver la atención en la importancia de la responsabilidad estatal para con los derechos básicos de salud, educación, en donde este último debe implicar también el acceso a una educación sexual integral.

Según un estudio titulado “Prevenir con educación” en el que participaron ministerio de educación y salud de 17 países de Latinoamérica junto con representantes de la ONU, Chile quedó posicionado como el país con peor educación sexual de la región, lo cual está asociado a imposiciones de los sectores conservadores respecto al qué y cómo educar, así es como incipientes proyectos en esa materia que fueron llevados a cabo en los gobiernos previos a la dictadura militar, fueron interrumpidos, en que el material fue quemado y sacado del currículum escolar, pero que con el retorno y transición a la “democracia” no se ha vuelto a instalar producto de la oposición y polémica que han levantado los sectores conservadores, ligados a la Iglesia católica principalmente.

Así también se manifestó la polémica con el libro de educación sexual de Santiago “100 preguntas de sexualidad adolescente” de la Municipalidad de Santiago en el 2017, que sin embargo no fue entregado a ningún colegio, puesto que tampoco formó parte de ningún programa de educación sexual.

El movimiento por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito cada vez se hace más grande, agrupando a mujeres trabajadoras y estudiantes proveniente de distintos espacios organizativos tales como coordinadoras feministas, federaciones estudiantiles, partidos, colectivos políticos y activistas.

Esta gran confluencia de agrupaciones da cuenta de la gran voluntad de miles de mujeres por dar esta batalla, por lo que se hacen necesarias instancias de coordinación y encuentros de base, como los celebrados en Argentina previos a la gran marea verde, que serviría para organizar la fuerza del movimiento con el fin de conquistar la demanda por el Aborto Legal, Libre, Seguro y Gratuito en conjunto con un plan de Educación Sexual Integral.






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