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Guanajuato: cuando buscar a los desaparecidos es un delito

En la mañana de este viernes, familiares de desaparecidos en Guanajuato realizaron una movilización hacia la glorieta de Santa Fe cuando fueron interceptados y reprimidos por la policía estatal, detuvieron a 5 familiares de víctimas y a un visitador adjunto de la CNDH, así como a 25 personas heridos.

Sábado 11 de julio | 13:00

Las mujeres detenidas son parte del plantón que, junto a las demás familias que integran el colectivo A tu encuentro, instalaron el pasado 9 de julio para exigir la destitución de Héctor Alonso Díaz Esquerra, titular Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), “por no tener las capacidades mínimas para dirigir dicha institución de manera eficiente ante la crisis de desapariciones en el estado” y además no fueron consultadas en su designación.

Héctor Alonso Díaz Ezquerra, el nuevo titular de la CEB, es licenciado en administración de empresas, frente a esto una de las familiares declaró “no se si no les da vergüenza que el nuevo titular de búsqueda sea un administrador de empresas, el no va a encontrar a mi hermano, me acabo de dar cuenta que la única que va a seguir buscando soy yo”.

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A pesar de que el mismo 9 de julio el gobierno de Guanajuaato emitió un comunicado donde decía que tienen “toda la disposición del Gobierno del Estado a continuar trabajando en la búsqueda de soluciones, y en la pronta localización de los familiares desaparecidos”, este viernes demostraron todo lo contrario al ordenar la represión de la movilización de familiares por parte de la policía del estado.

En un comunicado emitido por la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas, adherido por decenas de activistas y organizaciones, responsabilizan al gobernador Diego Sinhué Rodríguez por el bienestar de las detenidas y exigen su inmediata liberación.

Además advierten del alto riesgo que implica para la integridad de las familiares el haber sido detenidas por la policía de Guanajuato, misma que ha sido acusada de participar en la desaparición de personas.

Organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales se han pronunciado por la pronta y eficaz investigación de lo acontecido el día de ayer.

En el último año y medio, la violencia en el estado de Guanajuato no ha parado de ir a la alza. En el 2019 las cifras de desaparición se triplicaron llegando a ser 2,100 personas desaparecidas en tan solo un año en dicho estado. Entre 2016 y 2019, los medios de comunicación han reportado 68 fosas clandestinas en Guanajuato, pero según la Fiscalía, sólo sabe de 20 cadáveres enterrados en diferentes lugares del estado desde 2015.

Si consideramos que el 2020 ha sido el año más violento para dicho estado, podemos imaginar también que las cifras de desaparición no han hecho más que aumentar, pero el gobierno no tiene ni registro ni interés de tenerlo.

Los municipios como Silao, León, Salamanca, Celaya entre otras, se han convertido en terreno de disputas entre el CJNG y Santa Rosa Lima que en los últimos meses se han cobrado decenas de vidas. Pero el narco no actúa solo, requiere necesariamente de la cooperación de policías, militares y funcionarios.

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Mientras el gobierno de Diego Sinhue manda a reprimir a las víctimas que ha dejado la confrontación y colusión de las fuerzas armadas y del mismo gobierno con los diferentes cárteles, se niega a tener registros reales de las cifras de desaparición y homicidio en el país.






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