Juventud

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Graue criminaliza a los consumidores… ¿por qué legalizar las drogas?

Para terminar con la violencia que azota en la UNAM y en México, queremos abrir el debate sobre la necesidad de legalizar las drogas.

Emiliana López

Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM

Jueves 8 de marzo | 16:20

La violencia, la descomposición social, la diversificación de actos ilícitos impulsados por el crimen organizado, como el feminicidio y las redes de trata, las disputas por territorio, el enfrentamiento o complicidad del gobierno y la policía o el Ejército, la criminalización de la juventud, las y los asesinatos en Ciudad Universitaria y las desapariciones forzadas ¿no disminuirían radicalmente legalizando las drogas?

Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acepta en su “Informe Mundial sobre las Drogas”, que México es el segundo productor mundial de opio, heroína y marihuana, con 12 mil y 15 mil hectáreas cultivadas respectivamente. Se calcula que la producción de heroína es 30 veces mayor que en Colombia.

El aumento de violencia que hoy se percibe en las universidades es el reflejo de la realidad nacional, del avance del narcotráfico y la militarización en la Ciudad de México. La guerra contra el narcotráfico y la militarización del país que comenzó en el sexenio de Calderón ha dejado a más de 200 mil muertos, 30 mil desaparecidos y más de un millón de desplazados. Al mismo tiempo los militares en las calles han propiciado el aumento del feminicidio en un 800%.

Mientras el acceso a las universidades es cada vez más difícil, la actividad del ejército va en aumento, con 212 mil 208 elementos activos en las fuerzas armadas, el doble de 1977 al 2000 y nuevamente los siguientes siete años. Es más atractivo y fácil ser de la fuerza armada que acceder a los diversos niveles educativos.

Así, las políticas de “combate” al narcotráfico trastocan todo en nuestro país, los derechos humanos, la cultura, la educación, la calidad de vida, las instituciones, etc. Al mismo tiempo implican millones de pesos en recursos, con un incremento del 150% en salarios para militares y policías en los últimos años, más bonos y prestaciones. En los años de gestión peñanietista, el gasto público del gobierno federal a la Secretaría de Defensa Nacional aumentó 10 mil millones de pesos y alcanzó los 65 mil millones en 2014.

Mientras Graue asume que la juventud vive en la desesperanza, no exige al Gobierno Federal mayor presupuesto a la educación pública en todos sus niveles, los jóvenes necesitamos acceso a la cultura, a la educación y a trabajos con derechos laborales.

Relación del Estado con los cárteles

El fenómeno del narcotráfico, implica una compleja relación con el Estado, que permite su extensión en todo el país. El analista Pablo Oprinari, explica cómo, con el paso de los años, el narcotráfico ha formado parte sólida de la economía local. Cooperación entre altos mandos militares y políticos de México y Estados Unidos, con el tráfico de drogas y armas, participación de bancas financieras que permiten “blanquear” cantidades millonarias, inyectándolas a la economía formal.

Existe una real asociación estructural entre el Estado y los cárteles, donde el narco y sus capos son verdaderos socios de los empresarios legales, que replican el sistema capitalista de producción en forma degradada e ilegal. Existe plusvalía, apropiación del trabajo campesino, tras la coerción de los cárteles o por el abandono y crisis que enfrenta el campo. Las drogas forman parte de un “intercambio” de mercancía, donde la ilegalidad forma parte de la causa de sus exorbitantes ganancias e inyectan enormes cantidades de capital al flujo financiero, que se convierte en parte de la economía mexicana.

Leer: No queremos otra "guerra contra el narco" en la UNAM

Estos son sólo algunos de los argumentos que explican la urgencia de la legalidad de este negocio donde las mayores afectaciones las paga la clase trabajadora y en el análisis de estas causas se responde a una necesidad que va más allá de una cuestión moral o de salud, sino que tiene implicaciones de Estado más profundas.

El verdadero rostro de la ilegalidad de las drogas

Entre un permanente cuestionamiento al régimen y la impunidad, avanza la violencia, el feminicidio, el sicariato y la descomposición social, el verdadero rostro detrás del narcotráfico.

Mientras la descomposición social y la violencia se profundizan, el Estado mantiene interlocución con los cárteles y, con ello, profundiza su carácter reaccionario. La extensión de los grupos paramilitares es una muestra aberrante de una realidad de acoso, desplazamiento y exterminio de comunidades. Además de ser una respuesta estatal a la violenta dinámica impuesta por los cárteles que pelean por plazas y mercado, la militarización es la forma más eficaz para evitar brotes populares del descontento.

Enrique Graue, rector de la UNAM, habla de la violencia en la UNAM como si fuéramos una excepción y no parte de la regla de violencia que azota en todo el país. Sin cuestionar de raíz la violencia y la supuesta guerra contra el narco. Sin hablar de las pocas perspectivas de la juventud.

Una juventud sin futuro

En el clima violento desatado por la salida del ejército a las calles, la juventud, carente de oportunidades, paga las consecuencias. La falta de acceso a educación y trabajo orilla a miles de jóvenes a convertirse en narcomenudistas.

Los jóvenes migrantes son reclutados a fuerza para servir como “mulas” o sicarios. Niños, niñas y mujeres enfrentan las consecuencias de la descomposición social y la violencia, con las redes de trata y el feminicidio, que cobra la vida de 7 mujeres al día. Actualmente, zonas fronterizas del norte y sur del país, así como entidades como el Estado de México y Guerrero, son las principales zonas de riesgo para las mujeres. De 2012 a 2013, el feminicidio se incrementó 343%, tras aumentar 800% desde que inició la militarización del país. El alza coincide con las entidades con presencia militar.

En la Ciudad de México, el 50% de la población interna en las cárceles capitalinas son jóvenes entre 18 y 30 años de edad. 4 de cada 10 detenciones por portar drogas llegan a la cárcel por llevar menos de 500 pesos en sustancias. 7 de cada 10 averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud están vinculadas al delito de posesión.

La campaña de la UNAM “No es tu amigo, es un narco”, está diseñada para criminalizar a la juventud que es consumidora de drogas. Se nos responsabiliza de fomentar la violencia al comprar y consumir sustancias ilegales.

¿Por qué legalizar?

Cada año, la ilegalidad arroja a miles de jóvenes a los separos de los ministerios públicos y las cárceles del país, donde ingresan como delincuentes, cuando en realidad el gobierno les niega cualquier posibilidad de educación, empleo, cultura y recreación. La arbitrariedad además impone una tolerancia a la violencia e impunidad policial, la “siembra” de sustancias para fabricar delitos, que es excusa para encarcelarlos y simular que el gobierno “combate” al narcotráfico.

La despenalización de las drogas es un paso en esta pelea. Aunque las cifras demuestra que la juventud es encarcelada. La legalización busca eliminar la pelea por plazas, la inseguridad y la violencia que genera la ilegalidad. Una política de legalización y regulación de sustancias, que vaya acompañada de un programa integral de salud, debe vincularse a la lucha contra la criminalización de la juventud, por la desmilitarización inmediata todo el país y por la liberación de todos los presos por consumo y autocultivo.

La legalización de la producción de drogas, su distribución y comercialización va más allá. Busca acabar con las precarias y violentas condiciones laborales que enfrentan los campesinos, obligados a cultivar drogas.

Legalizar implicaría acabar con la excusa del combate al narcotráfico, que con eco en la Casa Blanca, presume el gobierno mexicano para militarizar el país y ahogar el descontento y resistencia de sectores populares. Permitiría acabar con un enorme y jugoso negocio entre empresarios legales e ilegales que enriquece a mafias, cárteles, bancos, empresarios, militares, policías y funcionarios.

En la actualidad ni siquiera los programas de prevención y apoyo a la salud son efectivos. La abundancia de clínicas de “tratamiento” ilegales, que cometen violaciones a los derechos humanos, se suma a la falta de recursos y capacitación profesional para enfrentar el problema de adicción. Miles de personas están sujetas a sustancias carentes de controles sanitarios, de mala calidad, procesadas y adulteradas sin criterio, con graves consecuencias a la salud.

Por esto, la ilegalidad de las drogas es en realidad un obstáculo para tratar adecuadamente a las y los consumidores que generaron una dependencia, pues al estar criminalizado el consumo, sólo buscan ayuda en condiciones profundamente serias e impiden el acceso a tratamientos de salud.

La legalización es un debate que debe incluir las diversas aristas aquí planteadas. El problema del narcotráfico también debe pensarse como un tema de salud pública que no sólo tiene que ver con el consumo, sino con la violencia y la descomposición social que aumentan con la prohibición y la doble moral del Estado.

Leer: ¿Cuál es la solución para acabar con la violencia en CU?
Desde la Agrupación Juvenil Anticapitalista consideramos que es necesario abrir este debate en la UNAM y en el país, porque estamos cansados de ser criminalizados, asesinados, desaparecidos en “su guerra” y ser considerados como daños colaterales.

La legalización y la desmilitarización del país sólo pueden ir de la mano de confiar en nuestras propias fuerzas, de reconocer la urgencia de construir un instrumento político que nos permita defender nuestros intereses en perspectiva de implementar un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.






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