Política México

SISMO EN MÉXICO

El gran fraude de la “cultura de prevención” del gobierno de Peña

Tras el sismo del pasado 7 de septiembre, las autoridades mexicanas tanto federales como estatales han adoptado un tono triunfal que contrasta con el verdadero rostro de la catástrofe y las viejas cicatrices de 1985.

Óscar Fernández

@OscarFdz94

Lunes 11 de septiembre | Edición del día

El sismo registrado el pasado jueves de 8.2 grados fue el más intenso registrado en la historia de México y con una energía muy cercana a la bomba Tsar, la bomba nuclear más fuerte jamás detonada.

Si bien la intensidad fue ligeramente más grande que la del sismo registrado la mañana del 19 de septiembre de 1985, los daños en la Ciudad de México y otros centros urbanos fueron menores, en términos relativos.

Mientras el presidente Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se congratula por el despliegue de las medidas de prevención adoptadas luego del terremoto de 1985, la realidad es otra.

En primer lugar, el hecho se debió a que el epicentro estuvo a 133 km de Pijijiapan, Chiapas, en el golfo de Tehuantepec, que dista alrededor de 700 km de la capital de México.

La devastación se sintió en las zonas más empobrecidas del país, en particular los estados de Chiapas y Oaxaca, donde abundan las viviendas construidas con materiales muy precarios, como láminas y adobe. Entre los municipios más afectados se cuentan Juchitán e Ixtaltepec que quedaron en ruinas y desnudaron el abandono en que las autoridades los dejaron.

Fallas de alerta sísmica y edificios en riesgo

Asimismo, en la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, alineado con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) declaró que la alerta sísmica funcionaba, lo cual no es así. En Tlatelolco y Santa María de la Ribera -colonias populosas- la alarma no sonó. Este hecho se suma a las innumerables veces en que se han registrado temblores en la urbe y su alerta sísmica no suena y, desde luego, la falsa alarma registrada el 6 de septiembre pasado, el día anterior al terremoto.

En esa misma línea, Mancera declaró que sólo había un edificio en riesgo de colapsar en la ciudad de México, presuntamente en la Colonia Doctores, pero eso oculta a los numerosos edificios que no cuentan con buen mantenimiento y quedaron cuarteados desde el sismo de 1985.

Tal es el caso del Edificio de Insurgentes 300 (conocido popularmente como el “Edificio Canadá” por el letrero de la zapatería Canadá que adornaba una de sus aristas), el cual se encuentra en condiciones precarias, registra inundaciones internas cuando llueve y el mantenimiento es poco.

De igual forma hay otro edificio, el de la calle de Zapata N° 833 en la Colonia Emperadores en la Delegación Benito Juárez que tiene cuarteaduras que datan de hace 32 años. Y así podríamos seguir enumerando edificaciones en riesgo que el Jefe de Gobierno capitalino decide no mencionar por subirse al carro alegórico del júbilo que provocó el saldo blanco.

Por su parte, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila,también del PRI, sólo mencionó 63 incidentes en su localidad provocados por el sismo del jueves pasado. Sin embargo, su estado es el que periódicamente registra inundaciones por la geografía del Valle de México, mismas que contribuye a que el riesgo de colapso en caso de sismo incremente debido al reblandecimiento de estructuras que provoca el agua, la cual suele mezclarse con el drenaje.

En Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes, del Partido Acción Nacional (PAN) declaró que no hay daños mayores ni muertos, pero por lo menos 17 viviendas y 46 escuelas resultaron dañadas de gravedad. No cuenta los daños que han provocado los huracanes recientes.

Indolencia gubernamental

En general las autoridades de diversos niveles de gobierno hacen caso omiso de los daños reales o potenciales que el sismo dejó de manifiesto, lo cual sólo demuestra lo alejados que están de la realidad de la mayor parte de los mexicanos.

Muchos recordamos la parálisis que exhibió el gobierno de Miguel de la Madrid ante la catástrofe de 1985 y así fue que los trabajadores y los sectores populares fungieron en las labores de rescate, acopio y distribución de víveres y alimentos.

Hoy la historia se repite y es la sección XXII del magisterio en Oaxaca, la misma a la que el gobierno demoniza en los medios masivos de comunicación, la que hizo primero el llamado a la recopilación de artículos de primera necesidad y que se encarga en estos momentos de distribuir la ayuda en la entidad.

Mientras tanto, se hace sentir la desconfianza respecto a los altos funcionarios y las denuncias de numerosos poblados que no recibieron ningún tipo de ayuda hasta el momento, como el pueblo San Mateo del Mar, en Oaxaca.

Los partidos políticos al servicio de los empresarios ya demostraron que no son eficaces para responder a los desastres naturales, cuyas consecuencias sólo exponen las verdaderas condiciones en las que viven los sectores obreros y populares de la sociedad mexicana.

Están enfocados en garantizar millonarios negocios para las trasnacionales y las grandes empresas –como la convocatoria de Peña Nieto al capital privado para participar en la reconstrucción de las regiones afectadas.

También están con la vista puesta en las elecciones de 2018 y en garantizar un caudal de votos en lugar de enfocar sus fuerzas en dar ayuda a las zonas afectadas por el terremoto.

La crisis política de los partidos de esta democracia de los ricos y del gobierno sólo se agudiza ante los desastres naturales, que ponen blanco sobre negro entre las consecuencias que traen y la respuesta reaccionaria de los políticos al servicio de los empresarios y trasnacionales.

Urge que la clase trabajadora y los sectores populares avancen en poner en pie una herramienta política independiente de los empresarios y sus partidos. Un partido que luche por las demandas de los trabajadores, las mujeres y la juventud.








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