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Diez claves de la escaramuza del gobierno de López Obrador con las calificadoras

Tras baja en la calificación de la deuda de Pemex, el senado amenaza con impedir la operación de calificadoras. El deslinde de López Obrador. Las alertas de los analistas. Quién es quién en esta disputa.

Bárbara Funes

México D.F |

Jueves 7 de marzo | 18:44

No es una coreografía estudiada de luchadores en el ring ni un juego de luchitas a ver quién tiene el brazo más fuerte.

1. Frente a la baja en la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex), Salomón Jara, vocero de la bancada del Morena en el Senado, anunció que presentará una iniciativa para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revoque la autorización para operar en México de las agencias que atenten contra la estabilidad del país. Serán las que tomen decisiones que no vayan en línea con las del gobierno, como acaba de suceder con Fitch Ratings, Moody’s, Standard&Poor’s y HR Ratings.

2. Primer foco rojo: el presidente López Obrador se deslindó del anuncio, pero llamó a las calificadoras de riesgo incluir la variable de corrupción en sus análisis. "Esto de las calificadoras es su trabajo lo respetamos, no vamos nosotros a limitar su función estamos seguros de que va bien el gobierno que va bien la economía que vamos a crecer", afirmó en su conferencia de prensa matutina de este jueves.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada del Morena en el senado, declaró que Morena no presentará ninguna iniciativa para regular el trabajo de las calificadoras internacionales en México. Y apuntó que la propuesta de Jara no cuenta con mayoría calificada en la bancada del partido oficialista.

3. Segundo foco rojo: ante el anuncio del senador Jara, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gustavo Madero Muñoz, del PAN, respondió que el problema no son las calificadoras de riesgos de deuda que rechazan Morena y el gobierno federal sino la realidad de que los planes de inversión de Pemex no convencen y el sobreendeudamiento de la petrolera. A su vez, destacó que las calificadoras pueden operar desde cualquier lugar del mundo y recortar las calificaciones lo mismo.

4. Tercer foco rojo: las advertencias de los analistas. Antonio Sandoval, de Alto Nivel, ante la iniciativa que anunció Jara cuestiona quién fijará y cómo los principios de independencia, objetividad, rigurosidad, autenticidad, veracidad, integridad y transparencia en sus evaluaciones que invoca el senador. Señala también que una medida de este tenor pondría en riesgo la autonomía de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

5. Asimismo, el mismo Sandoval y Leonardo Kouchenko, de El Financiero señalan como “desastrosa” la aprobación de una iniciativa contra las reguladoras. Entre los jinetes del apocalipsis económico que invocan destacan que no habría acceso a los mercados crediticios globales para las empresas mexicanas, que el costo de los créditos se incrementaría, desconfianza total en la economía mexicana, y que el PIB iría a la baja. Todo porque el veto a las calificadoras alteraría las reglas de juego de los negocios capitalistas y les generaría incertidumbre.

6. Todo inició con la baja de estable a negativa de la perspectiva de Petróleos Mexicanos (Pemex), el pasado lunes 4 de marzo, que se sumó al descenso de la nota crediticia de la paraestatal por parte de Fitch Ratings en enero.

El argumento de S&P Global Ratings fue que revisó la perspectiva de Pemex de estable a negativa tras una acción similar sobre el soberano, y “confirmamos nuestras calificaciones en escala global de BBB+ en moneda extranjera y de A- en moneda local, así como las calificaciones crediticias de emisor en escala nacional de largo y corto plazo, de mxAAA y mxA-1+, respectivamente, y deuda de mxAAA", con perspectiva en escala nacional estable.

“La perspectiva negativa de la calificación en escala global de Pemex refleja la del soberano y nuestra opinión es que la estrecha relación entre la empresa y el gobierno federal se mantendrá sin cambio durante los siguientes años”, sostiene la calificadora en un comunicado emitido este día.

7. El antecedente inmediato fue el pasado 1 de marzo, cuando la misma agencia confirmó las calificaciones soberanas en moneda extranjera de largo y corto plazo en escala global de BBB+ y A-2 de México y revisó la perspectiva de las calificaciones de largo plazo en escala global, de estable a negativa.

Dicho lisa y llanamente, lo que pone en cuestión la calificadora es que el plan presentado por el gobierno de López Obrador sea insuficiente para dinamizar la producción de Pemex –anunciado el 15 de febrero pasado– y que la paraestatal genere las utilidades suficientes para afrontar el pago de los créditos internacionales que tomó el gobierno.

Obviamente, ninguna calificadora es una inocente palomita. Todas operan a favor del capital financiero y los especuladores en el plano internacional. En más de una oportunidad, funcionarios gubernamentales de países acosados por las calificadoras denunciaron sus prácticas. Fue el caso de Héctor Timerman, ex canciller argentino, quien señaló en 2010 que las agencias aplican determinados tipos de notas a los países "si se pagan o no se pagan los honorarios".

8. El Universal señala que Pemex contribuye con 30% de los ingresos públicos. Pero parte del plan gubernamental para apuntalar inversión en la paraestatal es reducir su carga fiscal, lo que puede traer como consecuencia menos fondos para las arcas públicas. Los economistas al servicio del gran capital temen que esto redunde en que el gobierno empiece a tener problemas para afrontar el pago de la deuda en un plazo de uno a tres años.

9. Como explicamos acá, ante la baja de la previsión de crecimiento económico, el deterioro en la calificación crediticia de México o en las empresas productivas del Estado, y que se den revisiones generalizadas a la baja por parte de las agencias calificadoras a la calificación de la deuda de Pemex, son otros factores de riesgo.

10. El affaire continúa. Prima la atmósfera de incertidumbre en el plano económico. El gobierno de López Obrador, que ha prometido honrar la deuda externa del país en distintas oportunidades, que ha aceptado condiciones más duras en el T-MEC sucesor del TLCAN, ahora necesita dar una señal de los mercados de que su gobierno puede garantizar estabilidad a las trasnacionales.

Claro que será a costa de la clase trabajadora y los sectores populares, como lo demostró en Matamoros ante el movimiento 20/32 -20% de aumento al salario y bono de 32 mil pesos-, donde el alcalde Mario Alberto López Hernández se posicionó contra los obreros en huelga.






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