Política

PODER JUDICIAL JUJUY

Cuentas pendientes de Gerardo Morales con el Poder Judicial

Esta semana se constituyó la comisión investigadora que evaluará si lleva a juicio al Fiscal General Alejandro Ficoseco y a tres funcionarios del Tribunal de Cuentas. Estas acusaciones se dan en el marco de una disputa interna del Poder Judicial, entre Lello Sanchez y Clara de Langhe de Falcone, donde Gerardo Morales avanza contra funcionarios designados en la gestión Fellnerista.

Ezequiel Canepa

Abogado CeProDH

Domingo 15 de septiembre | 12:18

La operación fue tan burda o el mensaje tan claro, que fueron presentadas el mismo día por ciudadanos de a pie (aparentemente especializados en derecho) en la legislatura jujeña. Estas denuncias fueron inmediatamente receptadas por los diputados oficialistas y tomaron estado parlamentario.

Estas acusaciones tienen un punto de partida en común aunque sus objetivos políticos parecieran ser distintos:

Ambas acusaciones se dirigen contra funcionarios que provienen de la gestión Fellnerista. Estos, según establece la Constitución Provincial, son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la legislatura y solo pueden ser removidos por Juicio Político, ya que son inamovibles en sus cargos (de por vida). La pregunta que subyace es, ¿Por qué ahora y no antes?

En el caso de los tres integrantes del Tribunal de Cuentas; René Barrionuevo, Mariana Leonor Bernal y Nora Millone de Juncos, el gobernador aparentemente hasta este momento no necesito removerlos sencillamente porque no resultaban un estorbo en su administración.

Sin embargo ante la crisis cambiaria post-elecciones y la derrota de su candidato presidencial, el pasado 30 de agosto, se apuró para emitir el decreto 10.165 denominado "Fondo Unificado de Cuentas de la Provincia", que centraliza los saldos de todas las cuentas corrientes del Estado provincial con la cual puede manejar el dinero de toda la provincia discrecionalmente. Resulta aún una incógnita si su plan es marcarles la cancha o completar el Tribunal de Cuentas con gente de su confianza.

Ficoseco en la mira

La situación del Fiscal General Ficoseco es distinta ya que su remoción radica en una interna que se profundiza entre "Titina" de Falcone (Presidenta del Superior Tribunal de Justicia) y el Fiscal General de Acusación.

Gerardo Morales en el año 2015 tomó dos medidas fundamentales para tener un Poder Judicial a su medida, la primera fue a la semana de asumir tomando el ejemplo de Menem, ampliando la cantidad de jueces del Tribunal Superior de 5 a 9 con dos de ellos ex-diputados radicales que un día estaban sentados en una banca y al otro agarraron el martillo.

La segunda era desplazar al Fiscal General del Superior Tribunal de Justicia y poner a alguien de su confianza que pudiera armar las causas, para llevar la persecución penal contra las organizaciones sociales, los trabajadores y la oposición, por ello optó por crear un nuevo ministerio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y otorgarle al Fiscal General de la Acusación -Lello Sanchez- plenos poderes mediante la Ley 5895.

El problema es que el Ministerio Público Fiscal (cuya cabeza es Alejandro Ficoseco) fue creado por la Constitución Provincial, en cambio el MPA fue por medio de una ley que otorgó casi las mismas funciones y privilegios, es decir que dos ministerios se superponen. Esta fue la manera que tuvo Gerardo Morales de ubicar al cerebro del armado de causas penales contra Milagro Sala en el Poder Judicial y de esta manera consiguió su parte acusadora y sentenciante.

El descalabro interno comenzó a manifestarse este año cuando se pretendía sancionar el nuevo Código Procesal Penal, quien estuvo a cargo fue el mismísimo -Lello Sanchez- es decir quien luego lo iba a utilizar y de la lectura de su anteproyecto surge las facultades de los fiscales equiparadas a las de un Juez.

Morales pretendía que se realice una comisión redactora conjunta entre el STJ y el MPA, sin embargo Titina dio el portazo y emitió un dictamen de oposición en la legislatura.

Lo que le siguió es de público conocimiento, la denuncia penal contra el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Lello Sánchez, formulada por Agustina Aramayo y Mateo Montiel, que se desempeñan a su cargo. Lo acusan por maltrato laboral, violencia de género, amenazas y abuso de poder.

El 18 de Julio cuando la página del Poder Judicial de Jujuy publicó que el Superior Tribunal de Justicia estudia denuncias contra el titular del Ministerio Público de la Acusación, se rumorea que en tribunales, gente de L. S. habían dejado volantes que denunciaban a Titina por apropiadora de bebés, esta denuncia recordemos que la sacó a la luz Horacio Verbitsky y estaría en el despacho de la mano de derecha del gobernador.

Las denuncias contra Lello Sanchez tiene que resolverlas el Superior Tribunal de Justicia, previo dictamen del Fiscal General Alejandro Ficoseco (en general el STJ resuelve como lo expresa el dictamen) y esta sería la causa y la raíz por las que se iniciaría el Juicio Político contra este último, es decir Gerardo Morales movió su ficha a favor del titular del MPA.

La hipótesis es que el gobernador necesita por un lado reafirmar que es quién lleva las riendas de la provincia, y que ni el repunte electoral del peronismo, ni la pésima elección de su candidato presidencial debilitan su poder y por otro lado depurar sectores del PJ que componen el poder judicial.

A todas luces esta interna y carpetazos evidencian que en este laberinto normativo, el pueblo trabajador no tiene ningún tipo de participación, evidenciando el carácter antidemocrático y clasista del Poder Judicial, siempre fiel al poder de turno. Por eso los diputados del Frente de Izquierda Unidad decidieron no participar de las Comisiones de Investigación y Acusación contra el fiscal Ficoseco. Nada más alejado de una casta de funcionarios que representan los intereses de la clase dominante y que actualmente cobran $ 139.000 (sin contar antigüedad) con cargos vitalicios y que no son elegidos por el pueblo. Por eso desde el FIT-U plantean que es necesario que los jueces y fiscales sean elegidos de manera directa y revocables por el voto popular, que cobren lo que un trabajador y se implementen los juicios por jurados, que sea el pueblo quien decida.






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