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ADULTOS MAYORES

Crisis jubilatoria y el programa para adultos mayores

Muchos de los adultos mayores que son incorporados a este programa no reciben su tarjeta, tampoco son notificados de los días para cobrar y si pierden el plástico no se les repone a la brevedad, dejándolos sin sustento. Pero, encima, 269 mil ancianos quedaron fuera.

Miércoles 7 de abril | 23:14

Tras un año en pandemia y con la continuidad de la crisis económica, el incremento en la ola de despidos se extendió a todo el país, los recortes salariales impuestos por la patronal con la complicidad de la burocracia sindical han dado un golpe muy duro a la clase trabajadora.

En medio de esta situación, el programa de ayuda a adultos mayores -que busca beneficiar a este sector vulnerable de la población en edad de retiro-, muestra sus deficiencias y límites.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer las últimas modificaciones en el llamado programa de “pensión universal”. Esta modificación consiste en reducir la edad para poder ser beneficiario del programa a 65 años. Actualmente, el monto bimestral de este apoyo es de 2 mil 700 pesos, pero, el presidente, prometió que para julio aumentará un 15% y luego un 20% anual para incrementar su monto hasta llegar a 6 mil pesos bimestrales en el 2024.

Si bien se promete ampliar el monto gradualmente, éste es absolutamente insuficiente para garantizar el mantenimiento en condiciones dignas de una sola persona adulta mayor (y menos si ésta tiene que aportar en la vida de su familia, a pesar de su avanzada edad). En realidad, aunque esta medida puede ser positiva en los momentos tan duros que por la crisis económica estamos atravesando, no resuelve el problema de contar con jubilaciones y pensiones dignas, lo que obliga a millones de adultos mayores a continuar laborando jornadas completas para sobrevivir mes con mes.

Pero también, el reciente anuncio presidencial y la fecha elegida para otorgar el primer aumento en el monto del apoyo, julio del presente año, hace pensar en lo que puede significar en relación con la contienda electoral en curso, ya que el gobierno de la 4T busca mostrarse frente a sus adversarios de la derecha como defensor de los derechos sociales pero, durante el último año, en el cual fueron justo los ancianos quienes padecieron más violentamente la crisis sanitaria y económica, lamentablemente, los apoyos para ellos fueron mínimos o de plano inexistentes.

Desfalco a la clase trabajadora

Por otro lado, un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el cambio en la base para calcular el monto máximo de las pensiones otorgadas por el ISSSTE, pasando de salarios mínimos a UMAS, lo que implica, en muchísimos casos, una devaluación del 40% en dicho monto.

Recordemos que, las reformas implementadas a la Ley del Seguro Social en 1997 y 2007 llevaron a que los montos de las pensiones otorgadas por el IMSS ya fueran inferiores, y ello fue parte de la política neoliberal de desmantelamiento de las instituciones de seguridad social, que también incluyó la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007, que es la base legal regresiva en la que se apoyan hoy los jueces de la SCJN. Todas estas, fueron reformas neoliberales que no se propuso ni por casualidad revertir el gobierno de la 4T, a pesar de repetirnos hasta el cansancio que llegó para acabar con el neoliberalismo.

En México, el 75% de los adultos mayores no recibe una pensión y el programa de ayuda que les da el gobierno resulta insuficiente, incluso con el aumento anunciado. Sigue sin resolverse de fondo el problema de la precariedad para millones de personas de la tercera edad. Por si fuera poco, la ASF hizo público que 511 beneficiarios recibieron más de 2 veces la pensión, y se erogaron 872 mil pesos en el pago de 234 pensiones cuyos beneficiarios fallecieron entre 1977 y 2018. Algo no checa.

La ofensiva capitalista, con el fin de aumentar la plusvalía absoluta mediante el trabajo no pago a las y los trabajadores, ya no sólo implica la extensión de la jornada laboral, sino seguir haciendo más lejano el momento del retiro y, por lo tanto, menor el tiempo de retiro. Es así como los patrones apuestan a la muerte y a una mayor explotación para las y los trabajadores.

Además del duro golpe que implicó la imposición de las AFORES, el avance de la precarización laboral mantiene actualmente a más de 70 millones de personas sin acceso a la seguridad social, lo que se transformará en millones de trabajadores sin acceso a una jubilación y una pensión para un retiro digno en el futuro.

La sobrexplotación y la vejez

Ahora es necesario luchar por garantizar trabajo estable, derechos plenos para todas y todos y la prohibición del outsourcing u otros esquemas similares, que desconocen la relación laboral y precarizan la vida. De no echar atrás esto, los jóvenes de ahora se convertirán en adultos mayores que seguirán trabajando hasta la muerte, sin prestaciones, sin seguro social, sin fondos para el retiro.

De acuerdo con una investigación, un trabajador en México tendría que ahorrar, en promedio, 2 millones 553 mil pesos durante 20 años, para poder retirarse con un ingreso mensual de 10 mil 638 pesos, cuando un salario promedio anual a nivel nacional es de 104 mil 939 pesos (INEGI) y el ahorro anual según la tasa de aportación nacional (6.5 %) es de 6 mil 821 pesos al año. Por lo que le llevaría 374 años de vida tener un ahorro que le permitiera contar con un ingreso mínimamente decoroso para su retiro.

Frente a esta situación, es necesario destinar mayores recursos para garantizar que nuestros adultos mayores cuenten con alimentación, salud, vivienda y una vida digna, los cuales pueden provenir de reorientar los millones destinados al pago de la fraudulenta deuda pública heredada del pasado y a las fuerzas armadas. Es urgente movilizarse por un nuevo sistema de pensiones solidarias, que esté estatizado y bajo control de los trabajadores activos y en retiro y financiado con las ganancias de los empresarios.

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