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AUSTERIDAD REPUBLICANA

Covid-19, excusa de la 4T contra derechos sociales

La 4T está aprobando la desaparición de 109 fondos y fideicomisos públicos, cuyos recursos garantizan derechos humanos, principalmente sociales.

Miércoles 30 de septiembre | 22:19

El martes pasado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, por mayoría del Morena, aprobó desaparecer 109 fondos y fideicomisos públicos que suman 68 mil 478 millones de pesos, para destinarlos al sector salud, atención a la covid-19, crisis económica y programas sociales del gobierno federal.

Estos recursos se destinaban a 65 fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ExTrabajadores Migratorios Mexicanos y el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), Fondo de Salud, que es administrado por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), destinado a la Atención de Víctimas de Violencia, así como el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Al parecer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará qué montos se respetan y cuáles recibirá el Gobierno, sin embargo, “La extinción de algunos fideicomisos no significa la desaparición de los apoyos, sino una reorganización administrativa en la que se está revisando cada peso”. Pero no se han transparentado las cifras. El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que se discuta y vote en el pleno el jueves 1 de octubre.

¿Sobre quién pesará la crisis sanitaria y económica?

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la cámara de diputados, Mario Delgado Carrillo, declaró que “responde al propósito que tienen el gobierno federal de no endeudar al país ni aumentar los impuestos, sino proteger el ingreso familiar y el de las empresas.” Mientras que AMLO ambiguamente hace “un llamado a los legisladores”. No obstante, la lista de los fideicomisos contradice las declaraciones, pues los recursos se asignaban a derechos sociales, cuyo ejercicio será limitado.

Contradictoriamente, los diputados de Morena olvidan la obligación que tiene el Estado para la provisión de bienes y servicios para satisfacer los derechos, pues “debe proveer a las personas de los recursos materiales necesarios para que logren disfrutar de los derechos. El objetivo es asegurar el acceso al derecho de aquellas personas que de otra forma no podrían obtenerlo. Este deber no implica la provisión de todos los bienes y servicios para toda la población, sino sólo para aquellas personas que no pueden obtenerlos por sí mismas, por ejemplo, debido a la condición económica a la que han sido sometidas. Por su propia naturaleza constituye una obligación de inmediato cumplimiento, independientemente del derecho de que se trate".

Según Sandra Serrano y Daniel Vázquez son profesores-investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México, pertenecientes a las líneas de investigación estado de derecho, derechos humanos y democracia; y democracia, procesos políticos y representación: (…) Mientras el ejercicio del derecho dependa más del acceso a medios económicos para realizarlo, mayor será la importancia de esta obligación de proveer niveles esenciales de los derechos, es por ello que su funcionamiento se hace más patente en derechos sociales.

Además, se puede ver que se afectan a sectores de poblaciones vulnerables que vienen cargando el desempleo y la miseria, significando un golpe de conjunto a mujeres, o sectores críticos: entre ellos 1,340 Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Otro derecho social que se vulnera es la educación pública; afectará la formación de casi 85 mil estudiantes de posgrado, incluidas especialidades médicas y becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); el desarrollo profesional de 35 mil académicos e investigadores, así como el desempeño institucional de 33 centros públicos de investigación, 13 institutos nacionales de salud y cerca de 200 universidades e instituciones de educación superior como la UNAM, el IPN y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Además, el derecho al deporte, ya que precariza a Atletas, dejándolos a merced de sus circunstancias, que dependen de este estímulo económico.

En este entendido, el Estado debe garantizar los recursos para el ejercicio de los derechos sociales, aunque la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) se ha pronunciado contra la desaparición de los fideicomisos arguyendo irresponsabilidad del gobierno y fragilidad en las finanzas públicas, sigue siendo responsable del incumplimiento de esta obligación, ya que gobernó en los sexenios anteriores. Lo que hace el PAN es oportunismo puro, condenando las mismas medidas reaccionarias que aplicaron durante su gobierno, para posicionarse políticamente.

Contra el retroceso de nuestros derechos

La 4T repetidamente ha mostrado que prefiere cargar la crisis económica sobre los más vulnerables, significando con ello una vulneración de nuestros derechos de los defensores ambientales, mujeres, periodistas, trabajadores de la educación. Ya que jamás se plantea la necesidad de cobrar impuestos a las grades fortunas como la de Ricardo Salinas Pliego, cancelar la deuda pública (compuesta por la deuda externa y el Fobaproa), las expropiaciones u otros medios que garanticen recursos para cuidar los DDH.

De ahí la necesidad de organizarnos de manera independiente de los partidos del congreso, en un país donde desde hace años vivimos una crisis de derechos humanos de todo tipo, que cuestiones estructurales que lejos de resolver, la 4T ha pretendido agudizar, implementando esquemas de precarización laboral y otros esquemas que garantizan las enormes ganancias de los grandes empresarios.






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