Política México

DERECHOS HUMANOS

¿Cómo continúan las violaciones a derechos humanos en el gobierno de la 4T?

"No hay justificación” dijo AMLO ante la tomar de la CNDH. Sin embargo, nada dijo de los miles de feminicidios impunes y la indiferencia de la justicia, motores del descontento de madres y familiares de las víctimas.

Martes 8 de septiembre | 10:52

Alejandra Santamaría - Víctor Romero Escalante
(Abogados, especialistas en DDHH)

La ley de la CNDH señala que ese organismo es parte de la sociedad. Sin embargo, se omite mencionar lo indicado en el artículo 102 apartado b) constitucional que establece que esta institución es un organismo constitucional autónomo, es decir, forma parte del Estado.

Este detalle no es menor dado que lo que investiga la Comisión Nacional son las violaciones a derechos humanos que, en innumerables casos, por sus características, los responsables son autoridades provenientes del propio Estado o en otros, el Estado es responsable por acción u omisión.

Es decir, en todos estos casos, esta Comisión termina siendo juez y parte, lo que empata perfectamente con las profundas limitaciones de sus funciones que, en última instancia, solo les permite la emisión de “recomendaciones” a las autoridades, sin que haya ni siquiera un mecanismo eficiente de seguimiento del cumplimiento de sus mismas recomendaciones, por lo que todo queda escrito sobre papel mojado.

Pero esta realidad no llegó con el gobierno actual, solo que en éste nada de fondo se modificó al respecto. Esto a pesar de la retórica de cambio y de las ilusiones que despertó la 4T en amplios sectores de la población, en cuanto a que cambiaría de raíz lo hecho por los gobiernos neoliberales anteriores.

Un ejemplo emblemático es el caso Ayotzinapa, el cual mostró descarnadamente tales limitaciones de la CNDH. En él, si bien la CNDH emitió una recomendación, no se señaló como responsables al Estado y sus Fuerzas Armadas, a pesar de que múltiples indicios apuntaban a que miembros del Ejército mexicano participaron en las desapariciones forzadas, quedándole, a esta autoridad como única medida dar cursos de formación en DDHH y colaborar con la Comisión en la investigación correspondiente. Por lo que, del caso Ayotzinapa, lo más progresivo en materia de derechos humanos fue la creación de una "comisión independiente" integrada por expertos internacionales y víctimas-familiares de los estudiantes desaparecidos.

En otro orden de la justicia, tanto en casos de desapariciones forzadas como de feminicidios, el gobierno actual, así como su CNDH, a pesar de tener muchas veces un discurso progresista, también viola las propias leyes internas al no dar “garantías de no repetición” es decir, si ya hay casos que han sentado precedente, el Estado debe garantizar que no se repita, y su CNDH alertar y exigirlo; lamentablemente pocos familiares de víctimas conocen sobre esto que es clave para los DDHH.

¿Los organismos internacionales son la salida?

Cuando las instancias nacionales son insuficientes para investigar y sancionar violaciones sistemáticas a los DDHH, también se suele acudir a las cortes internacionales o regionales.

Partiendo de que esta situación también involucra casos de feminicidios, podemos recordar uno de los más emblemáticos para México que fue el caso del Campo algodonero de las mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, pero aquí también las medidas de reparación “recomendadas” fueron totalmente insuficientes y ni siquiera existe un órgano que controlara su cumplimiento. Por lo que, a tantos años de aquellos hechos de violencia atroz, son pocas las medidas que se han cumplido y las condiciones estructurales que generan la violencia hacia las mujeres sigue intactas.

Como vemos, el problema es que, a pesar de que los organismos de carácter internacional pueden dictar “recomendaciones”, y algunas de ellas pueden ser “severas”, son los propios Estados nacionales los que luego deben cumplirlas. Los mismo Estados que, en el caso de los feminicidios, por ejemplo, mantienen intactas las bases estructurales para que se desarrollen.

A pesar de las palabras, los feminicidios aumentan y la impunidad persiste en la 4T

“La violencia en contra de las niñas y mujeres no es compatible con nuestros ideales ni la permitiremos. Todos los días estamos ocupados en combatirla atacando causas y efectos...” afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 8 de marzo del presente año desde Zacatecas.

A pesar de sus palabras, emitidas el día internacional de las mujeres, lo que jamás está presente en sus mañaneras son las cifras récord en los casos de feminicidios que, por ejemplo, en los primeros 7 meses del año han sido 549 las carpetas de investigación abiertas.

Y es que, al grave problema que padecen las mujeres en nuestro país, los feminicidios, violaciones y desapariciones, no se le puede dar solución desde las mismas instituciones que, de una u otra forma lo solapan, ya que el Estado burgués no puede ser neutral y debe favorecer los intereses de la clase empresarial y, no puede, por tanto, erradicar las condiciones estructurales que, por el contrario, debe garantizar para beneficio de esos mismos intereses.

Por ello, aunque no necesariamente se trate de una orden directa, el Estado genera las condiciones necesarias para que se dé el feminicidio. Entre ellas la precarización laboral y de las vidas de las mujeres de la clase trabajadora, el poco o nulo alumbrado en los barrios y el transporte público inseguro entre muchas otras, lo que provoca que las mujeres salgan a laborar de madrugada y vuelvan por las noches, aún en condiciones de inseguridad extrema en zonas marginales, y se enfrenten todos los días a la sombra del feminicidio.

Una salida independiente

Por todo esto, creemos que en México se requiere de forma urgente la creación de una real Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que funcione de forma independiente y sin interferencias del estado, encabezada por las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas, así como por expertos realmente independientes de las autoridades del Estado, sus partidos y sus fuerzas armadas; que funcione con audiencias públicas y satisfagan las demandas de las víctimas de las fuerzas armadas y demás instituciones del estado.

Debemos exigir e imponer al gobierno que se reclama progresista, que garantice económica y estructuralmente el desarrollo de un organismo de naturaleza independiente y vele por que nada ni nadie entorpezca su funcionamiento, y que ponga al servicio de su accionar las investigaciones realizadas sin ningún tipo de ocultamiento.

Podemos lograrlo, pero para ello, las víctimas y familiares deben apoyarse en la más amplia movilización de los organismos de mujeres, de DDHH, así como de la clase trabajadora y la juventud, pues solo así podremos imponer la justicia que necesitamos y acabar con los feminicidios.






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