Géneros y Sexualidades

VIOLENCIA DE GÉNERO

Ciudad Juárez: bastión del feminicidio

Desde la década de los noventa, Ciudad Juárez es considerada la tierra del feminicidio en México.

Martes 7 de julio de 2015

El número de mujeres asesinadas resulta difícil de rastrear, debido a que no todas las desapariciones son denunciadas. La mayoría de ellas son trabajadoras provenientes de otros estados de la república. Algunas familias no denuncian por temor a represalias, no confían en las autoridades o porque las víctimas son mujeres solteras, sin familia.

La mayoría de las mujeres asesinadas pertenecen a un extracto social bajo, son obreras, trabajadoras de la maquila, estudiantes, amas de casa, migrantes, principalmente del sur, en busca de mejores condiciones económicas.

Según el diario La Jornada en tan sólo el mes de marzo del presente año, se encontraron más de 11 cuerpos sin vida. En palabras de la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y la Fiscalía General del estado de Chihuahua, el año 2010 fue el años de más asesinatos de mujeres: cerró con una cifra de más de 300 feminicidios. Cabe mencionar que ese año finalizó con el asesinato de Marisela Escobedo, activista incansable en la lucha contra el feminicidio y la absolución del homicida de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.

En esta ciudad, a pesar de tener el mayor número de feminicidios en todo el país por más de veinte años, fue hasta el 2013 cuando se tipificó el delito de feminicidio en Juárez. No obstante el retraso, “es en abril pasado cuando por primera vez se abrió un juicio por ese delito en la entidad”. Así lo documenta la revista Proceso en su edición 2017, que publicó la investigación en la que se señala que no sólo el crimen organizado está implicado en las desapariciones y asesinatos de mujeres, sino también policías y soldados.

Estos datos traen a la memoria la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que aún sigue impune. Y constituyen una muestra de la podredumbre de las instituciones gubernamentales.

El principal testigo, un joven llamado Luis Jesús Ramírez Loera, declaró haber reclutado a mujeres jóvenes parar ser obligadas a prostituirse y a la venta de drogas. También fue testigo de múltiples asesinatos.

Esta investigación contrarresta lo expresado el pasado 15 de febrero por el presidente municipal de Ciudad Juárez, Enrique Serrano Escobar que argumentó que el fenómeno del feminicidio es un invento de los empresarios extranjeros para “echarle tierra” a esa ciudad, la cual se ha caracterizado porque “la mayor parte de las investigaciones han sido resueltas, las investigaciones están concluidas [y] se encontró al culpable” además de señalar que el número de mujeres asesinadas es menor comparado al de otras entidades con mayor número de habitantes.

Sin embargo, el caso mencionado sólo se limita a once de las miles de mujeres asesinadas. La red para la cual trabajaba el joven testigo pertenecía al Cártel de Juárez, cuyos integrantes gozan de impunidad al asesinar mujeres, cuando éstas ya no les son funcionales para la venta de drogas, prostitución o para satisfacer a alguno de los funcionarios que los protegen. Las víctimas son amenazadas. Al no cumplir con sus “obligaciones” sus familiares pagan las consecuencias. Por ello, ninguna mujer, una vez raptada, se rehúsa a escapar, mucho menos a denunciar.

El final por no “cumplir” con lo requerido es la muerte. Ramírez Lorea narra cómo aventaron a 14 mujeres a Valle de Juárez porque allá “los soldados estaban comprados y no les daban problemas para el traslado”. Es sabido que la colonia Anapra, un baldío de la colonia 68 y lugares de terracería son donde más se encuentran los cuerpos sin vida de numerosas mujeres. Además de narrar cómo raptan a las mujeres, la investigación refleja la complicidad de policías federales y municipales. En las cárceles múltiples mujeres son llevadas a prostituirse como cuota entre el narcotráfico y la policía.

¿Qué se puede esperar de la justicia?
Mientras los feminicidios aumentan alarmantemente, el gobierno niega rotundamente que cada 3 horas con 20 minutos se asesine a una mujer a lo largo y ancho del país. Sin dejar de lado que la justicia está plagada de indolencias, los feminicidios son la última prioridad de un sistema judicial atestado de prejuicios machistas en sus leyes en donde la única respuesta obtenida es el desprecio de las autoridades hacia los crímenes de mujeres.

Los feminicidios son el último eslabón de una larga cadena de violencias, pero no son la única forma de violencia hacia las mujeres, sino la última. La más letal. Un fenómeno que se vincula con las redes de trata de mujeres y niñas, las cuales operan en total impunidad, en complicidad con el Estado y las fuerzas represivas, como un jugoso negocio que mercantiliza y cosifica nuestros cuerpos. Todas estas situaciones forman parte inherente de la violencia que se enfrenta cotidianamente de forma silenciosa.

Este aumento de la violencia y el feminicidio no se explica sin la gran colaboración entre los gobiernos, las fuerzas armadas y las grandes empresas nacionales y extranjeras. Por lo que no podemos esperar nada de esta justicia. Siendo el Estado quien sienta las bases estructurales para que el fenómeno se siga desarrollando, encubre a los responsables mientras castiga a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, a las que cuestionan una sexualidad heteronormativa y a las que luchan como Néstora Salgado y Jacqueline Santana.

Alejandra Toriz, dirigente de la agrupación de mujeres Pan y Rosas señaló en declaraciones a este medio “Se hace necesario levantar un gran movimiento de mujeres con independencia política del régimen asesino del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en unidad con todos los sectores que salen a las calles, como el magisterio democrático que enfrenta la reforma educativa. La rabia debe expresarse en las calles bajo la bandera del cese a los asesinatos de mujeres. Al mismo tiempo que se conforman comisiones independientes integradas por familiares de las víctimas, activistas contra el feminicidio y defensores de los Derechos Humanos para investigar y dar seguimiento a los casos por fuera del actuar negligente de las instituciones encargadas. Así mismo se hace necesario que recuperemos toda la combatividad de las madres de Juárez que por más de 20 años han gritado a una misma voz: ¡Por qué vivas se las llevaron, Vivas las queremos!”.






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