Géneros y Sexualidades

DÍA DE LUCHA POR EL DERECHO AL ABORTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Casos más emblemáticos de criminalización del aborto en México

En el 2008 comenzó una oleada de reformas en las constituciones estatales para proteger la vida desde el momento de la concepción. Una respuesta reaccionaria a raíz a la despenalización del aborto en la CDMX, antes de las doce semanas de gestación.

Miércoles 28 de septiembre de 2016 | 12:01

Presentamos algunos de los casos más emblemáticos que se han mencionado en México.

Caso Paulina

Paulina, una niña de 13 años que tras ser violada, el gobierno panista de Baja California le impidió abortar. A pesar de estar estipulada la interrupción del embarazo en caso de violación, el Estado y la Iglesia iniciaron una campaña de linchamiento mediático y moral hacia Paulina, cerraron filas y poco importó lo que estuviese escrito en la Constitución.

Hoy es una joven madre obligada a serlo, quien para mantener a su hijo trabaja en una maquila en el norte del país. Esto sucedió en 1999; la historia de Paulina se ha repetido en los últimos años.

Caso Guanajuato

Más de diez mujeres en Guanajuato con penas de más de 30 años de prisión, puesto que no fueron procesadas por el delito de aborto, el cual alcanza fianza en ese estado, sino por homicidio en razón de parentesco. Todas ellas tenían en común que vivían en las zonas más pobres de Guanajuato, donde los servicios básicos aún no llegan. Una de ellas, mientras trabajaba en el campo, tuvo un fuerte dolor en el vientre, minutos después se percató del sangrado. Cuando llegó al hospital la acusaron de haber asesinado a su hijo; ella ni siquiera sabía que se encontraba embarazada.

Gracias a las movilizaciones tanto en Guanajuato como en el resto del país, se logró la liberación de todas ellas. Una muestra de que la opresión de género afecta a las más vulnerables: las trabajadoras, las mujeres pobres, las precarizadas, las indígenas.

Caso Patricia

No es casual que los estados que criminalizan el aborto tengan altos índices de pobreza, analfabetismo y además sean los mismos integrantes del personal de salud quienes están obligados a denunciar cualquier tipo de aborto.

El caso de Patricia, joven estudiante veracruzana, comenzó cuando interrumpió su embarazo y acudió a una clínica del IMSS. Los médicos, al percatarse del proceso de aborto, deciden dejarla durante horas en la sala de espera, situación que provocó que Patricia abortara en ese lugar.

Los gritos, malos tratos y recriminaciones provinieron no sólo del personal médico, sino también del Ministerio Público. Antes de darla de alta para que rindiera declaración ante el MP, la joven estudiante fue obligada a besar una mesa donde supuestamente se encontraban los restos del feto, además de entregarle una caja con ellos para que pudiera enterrarlos y pedirles perdón, esto aseguró en diversas entrevistas realizadas por medios de comunicación.

Patricia tuvo que dejar su lugar de origen, su familia, sus estudios debido a los constantes ataques que recibió por parte del gobierno priista veracruzano. Hoy, Veracruz es el último estado en criminalizar esta práctica.

Caso Margarita

El pasado 29 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió el caso de Margarita, quien presentó un amparo a raíz de que le fuera negado practicarse la interrupción de su embarazo en el Hospital 20 de noviembre, perteneciente al ISSTE.

Margarita tenía un embarazo de alto riesgo, además de una delicada salud. El hospital le negó ese derecho puesto que éste se rige mediante leyes federales, por ello decidió interrumpirlo en una clínica privada y presentar un amparo ante la SCJN. A pesar de ser rechazada su propuesta, con cuatro votos en contra y uno a favor, el caso de Margarita sentó un precedente y visibilizó la necesidad de pelear por la despenalización y legalización en todo el país.

El caso de una niña indígena

En Sonora, una niña indígena de 13 años fue violada. Su familia la acompañó a denunciar este hecho.

Autoridades locales le negaron la información de los derechos que como víctima de violación tiene como el acceso a la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, el tratamiento profiláctico para evitar infecciones de transmisión sexual, además que tampoco se le informó de su derecho a interrumpir el embarazo en caso de que éste ocurriera. El Ministerio Público no siguió el protocolo de atención a víctimas de violación. La niña presenta un embarazo de más de 12 semanas de gestación, y aun cuando ha solicitado la interrupción legal del embarazo por violación, éste no se le ha otorgado.

El caso de una joven jornalera

Una joven jornalera y migrante de 18 años de edad fue víctima de rapto y violación en Baja California Sur. Se le negó el derecho a abortar. Asimismo fue amenazada para no que no se lo practique en la clandestinidad. Organizaciones civiles garantizaron su traslado a la CDMX para que se practicara la interrupción legal del embarazo.

Lo que estos casos tienen en común es que las mujeres presas y perseguidas por abortar son mujeres pobres, indígenas, trabajadoras, estudiantes, jóvenes. Todas ellas son las que sufren las terribles consecuencias de la clandestinidad, con secuelas irreversibles-infecciones, perforación de órganos internos, desgarres- o, en el peor de los casos, la muerte. Todos los casos aquí expuestos coinciden con una visión clasista donde las más pobres son las más vulnerables, las que son condenadas con penas de más de treinta años de prisión, las que son criminalizadas y estigmatizadas por ejercer su derecho a decidir.

La conquista del derecho al aborto, libre, seguro y gratuito se obtendrá organizándonos, repudiando en las calles la alianza reaccionaria que la Iglesia y el Estado han iniciado contra la vida de las mujeres.






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