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SECTOR ENERGÉTICO

CCE: “La nueva Ley de Industria eléctrica afectaría a IP”; ¿cinismo o impunidad empresarial?

En una declaración pública, la organización empresarial señala que la iniciativa de reforma de la ley de industria eléctrica afectará a las Productoras Independientes de Electricidad (PIE) y aumentará los costos de energía eléctrica.

Viernes 19 de febrero

Esta declaración “catastrofista” del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) abarca desde el aumento de hasta el 17% en las tarifas de luz eléctrica, así como de “competir en condiciones desiguales”, puesto que la iniciativa busca hacer una “expropiación velada” de la industria eléctrica centrada en la preferencia que otorga la ley a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La discusión se torna más compleja en este rubro a raíz de los recientes “apagones” que se dieron particularmente en el norte del país durante esta semana y hace ya algunos meses, situación que han aprovechado, tanto el gobierno de la 4T para acusar a las empresas que se beneficiaron con la reforma energética de Peña Nieto y por otro, lado las empresas qué acusan al gobierno de provocar estos cortes, preparándose para implementar la reforma planteada desde el 2 de febrero.

Según la iniciativa privada, uno de los puntos polémicos de la reforma presentada por el Ejecutivo Federal, está en cómo se plantea prioridad en la solicitud de abasto de energía eléctrica, la cual quedaría en manos de la CFE y al final, para las PIE. Contra esto, empresarios de las PIE aseguran que invertir el orden en esta cadena de prioridad es un “ataque contra la libre competencia” y que se pueden perder hasta 15 mil 826 millones de dólares.

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La energía eléctrica es un derecho, no una mercancía

El gobierno federal, en defensa de su iniciativa de ley ha señalado a empresas como Iberdrola, como grandes beneficiarias de los contratos que subrogaron de la Comisión Federal y que representaron una sangría de más de 56 mil millones de pesos; por otro lado, las cámaras empresariales mantienen la “denuncia” de que la iniciativa representará un aumento en los costes de electricidad, además de sostener que las empresas cercanas al Morena son quiénes van a mantener las licitaciones con la empresa estatal.

La pregunta que surge ante la situación es ¿Por qué las patronales pueden actuar con tanta impunidad? Para las estos empresarios, hacer un corte masivo o comenzar a operar sabotajes contra una medida proteccionista del gobierno no sería complicado, particularmente por la falta de un posicionamiento contundente pues cuentan con el apoyo cómplice y canalla de las representaciones sindicales como la del SUTERM que ceden frente al chantaje patronal, ante una propuesta de reforma a la industria que podría parecer "progresiva" pero no se pone a consideración de la base trabajadora, como podría hacerlo este sindicato.

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Alrededor del mundo ha sido polémica la apropiación de los recursos naturales, como por ejemplo el agua, que recién entró al mercado especulativo en este país. El caso de la energía eléctrica es más común pensarlo como un bien de consumo y no como un derecho, sin embargo, con la pandemia y el aislamiento social se ha convertido en un recurso indispensable para realizar actividades cotidianas a distancia, incluso para sobrevivir ante situaciones climáticas extremas como estamos viendo en el norte del país.

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La postura tanto de la iniciativa privada, como del propio Gobierno Federal, aparentemente contrarias, mantienen el común denominador de la preservación de la propiedad privada que se asentó con la reforma energética del sexenio anterior. Aunque ahora este gobierno decida hacerle algunas modificaciones, estas no cambian la esencia neoliberal de esta apropiación de un bien que no debería estar sujeta al lucro.

Contra las medidas que buscan mantener la propiedad privada de la producción de energía eléctrica “al estilo del PRIAN”, o, la moderación de la competencia empresarial por parte de la 4T hacia el suministro de electricidad, las y los trabajadores del sector energético tienen frente a sí mismos la gran oportunidad de plantear una transición hacia la renacionalización completa del sector, sin indemnizaciones a las trasnacionales energéticas, en alianza con usuarios y profesionistas, ingenieros e investigadores solidarios (creo que más que solidarios podrían ser de las universidades públicas como la UNAM o el IPN) que pongan sus fuerzas y conocimientos al servicio de la renacionalización bajo control de sus trabajadores.

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Una perspectiva de renacionalización que además abarque el uso de energías limpias, haciendo uso del viento, la fuerza hídrica y/o fortaleciendo la investigación en nuevas formas de generación de energía (como la inducción magnética, por ejemplo) al servicio de las necesidades de la mayoría de la población. Para que este recurso se utilice, no para el lucro capitalista, sino para cubrir una necesidad fundamental y sin costo adicional para los usuarios.






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