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Ambigüedad de Morena ante Ley de Seguridad Interior

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada este jueves 30 de noviembre en la cámara de diputados. Avalada por todos los partidos, salvo Morena, ha generado un cisma en las organizaciones de derechos humanos, sociales y de izquierda en México.

Sergio Abraham Méndez Moissen

México @SergioMoissens

Viernes 1ro de diciembre | 20:12

John Ackerman y Pedro Miguel, dos de los más destacados "intelectuales" de Morena, han manifestado su rechazo a la iniciativa de ley.

Sin embargo, en el nuevo proyecto alternativo de nación que se dio a conocer en el Auditorio Nacional, disponible en el sitio de internet http://proyecto18.mx/, Morena señala que "Si el Ejército Mexicano continuara en las calles, sería necesaria una ley de seguridad interior, ya que no es factible que el Ejército continúe haciendo labores de seguridad pública que no le corresponden sin un ordenamiento legal apropiado".

La política de Morena en torno a la seguridad

Al mismo tiempo en que sus intelectuales dicen estar en contra de la ley aprobada en diputados, en el proyecto de nación que presentaron Alfonso Romo, empresario, y Esteban Moctezuma, de TV Azteca, dejan la puerta abierta para que el Ejército siga en las calles.

AMLO sugiere que es necesario un "mando único" de fuerzas armadas, policía y federales. El Mando Único es en los hechos la militarización del territorio que ya controla distintos estados de la república. El policía municipal debe estar en un mando único controlado por el Ejército. También el federal.

El líder de Morena dice que "hay que aumentar el sueldo a los militares y marinos" que el "ejército" es una institución que debe servir al ejecutivo y éste debe tener formación y relación con los mandos de la federal, las policías municipales y más.

AMLO quiere aumentar los salarios y prestaciones de los militares, los responsables de la desaparición de decenas de miles de personas, aumentar el salario y prestaciones del Batallón 27 de las fuerzas armadas que están implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El dirigente nacional del Morena quiere dar más dinero a la policía que reprime en todo México la protesta social. Esa es la alternativa de Morena sobre la nueva ley: aumentar e incrementar la fuerza de los aparatos represivos del estado.

Morena estuvo ausente, sin ningún tipo de participación o influencia, en rechazo a la militarización del país. Y es que en el fondo no divergen del proyecto de fortalecer los instrumentos de coerción del estado capitalista.

Repudio generalizado a Ley de Seguridad Interior

No existe organización de derechos humanos que considere positiva la Nueva Ley de Seguridad Nacional. De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la ONU todos consideran que es una decisión nociva.

Dicha iniciativa da poder especial a los militares, legaliza el espionaje, la tortura y da marcos jurídicos para que el ejército siga en las calles.

Desde 2006 con la "Guerra contra el narcotráfico" la militarización del país es un plan de control, coerción y represión a los trabajadores, la juventud y los pueblos indígenas que se resisten a los planes de la expoliación capitalista en México.

La "guerra" es una verdadera catástrofe nacional: 200 mil muertos, 30 mil desaparecidos y 1 millón de desplazados. Quienes nos opusimos a la militarización del país desde sus inicios no paramos de sacar cuentas: en 2011 cuando comenzó el MPJD se contaban por 60 mil los asesinados. En 6 años, la presencia del ejército, acrecentó la cifra.

La injerencia militar de los Estados Unidos, la unión entre economía ilegal y el régimen político, el crecimiento de los feminicidios, de las fosas clandestinas, de las masacres como en Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, así como la desaparición forzada es una de las consecuencias de esta guerra de nuevo tipo.

Como planteamos acá, tenemos que poner fin a la militarización y a la represión con la más amplia movilización de sectores en lucha y la organización de trabajadores, al tiempo que exigimos la libertad para todas y todos los presos por motivos políticos, así como juicio y castigo a elementos de las Fuerzas Armadas responsables de atropellos en contra de la población.






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