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CRISIS POLÍTICA

2x1: el Gobierno se lava las manos en nombre del “republicanismo”

Diversos funcionarios de Cambiemos salieron a “repudiar” el fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, apelan a la “independencia de poderes” para justificar la impunidad de los genocidas.

Lunes 8 de mayo | 11:25

Primero fue el turno del Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, quien “a título personal” rechazó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que beneficiaba al genocida Luis Muiña -miembro del "Grupo SWAT" que operaba en el centro clandestino de detención del Hospital Posadas- con la aplicación de la Ley 24.390 (2x1). Ahora fue el turno del jefe de Gabinete, Marcos Peña; del ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y del senador del macrismo, Federico Pinedo.

Marcos Peña publicó en su Facebook un post titulado “EL 2x1 ES UN SÍMBOLO DE IMPUNIDAD”. Rechazó la aplicación del 2x1 como recurso jurídico en sí y, luego, su aplicación en las condenas por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, respetó el fallo de la Corte Suprema en nombre de la “plena división e independencia de poderes” y lo desligó de la postura de Cambiemos.

Por su parte, en una entrevista realizada en el canal A24, Frigerio aseguró que el gobierno “no está de acuerdo con el 2x1” pero que los fallos de la Corte “no se discuten” y “hay que acatarlos”.

En la misma línea, el Presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, legislador de Cambiemos, profundiza esta lavada de cara del Gobierno: presentará un proyecto de ley para “limitar” parcialmente el 2x1. Luego de caracterizar la decisión de la Corte Suprema como “nefasta”, aunque también rindió homenaje a la supuesta división de poderes. El proyecto de Pinedo busca limar las asperezas del escandaloso fallo: solo podría ser aplicable a aquellos represores condenados entre 1994 y 2001, período de vigencia de la ley del 2x1; lo que, de todas formas, abriría las puertas a que una cantidad importante de genocidas quedasen libres.

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La impunidad es una política de Estado

Sin embargo, la responsabilidad política del Gobierno (y otros partidos del régimen) en materia de impunidad para los genocidas no es menor. Desde su asunción, el macrismo viene librando una batalla en el campo ideológico buscando reinstalar la “teoría de los dos demonios” y, con ello, la condonación de los crímenes perpetrados desde el Estado.

Desde Gómez Centurión quien relativizó la dictadura afirmando tajantemente que “no fue un plan genocida”; o Lopérfido quien sentenció que “no fueron treinta mil los desaparecidos”; hasta el presidente, Mauricio Macri, cuando también cuestionó el número afirmando “No sé si fueron 30 mil o 9 mil”; los ejemplos en la administración de Cambiemos sobran, además de recordar que Avruj, el Secretario de Derechos Humanos, avaló el fallo de la Corte.

Aunque el macrismo intente desligarse, también corre por su cuenta el hecho de que dos de los ministros de la Corte Suprema que votaron a favor, Rosenkrantz y Rosatti, fueron designados por Macri; primero por la autoritaria vía del decreto presidencial, pero que luego dio marcha atrás y lo sometió a votación en el Senado.

Y aquí el Frente para la Victoria también tuvo su parte: la mayoría absoluta del Senado está en manos del PJ-FpV. Senadores de la talla de Pichetto o de Abal Medina votaron a favor, junto a los senadores de Cambiemos, los pliegos de estos dos jueces designados a dedo por Macri. Así como Rosatti se había desempeñado como ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la presidencia de Néstor Kirchner, y Highton de Nolasco fue designada por el mismo expresidente.

A pesar de apelar a la supuesta “independencia de poderes” (cuando los jueces de la Corte Suprema son designados a dedo por el Ejecutivo de turno), la justicia y los partidos del régimen buscan barrer con las conquistas de las organizaciones de derechos humanos que lograron las condenas de cientos de genocidas tras una lucha que continúa.

Para profundizar en el tema: 2x1 a los genocidas: el fallo de la vergüenza

Hay que decirlo: es el mismo Estado capitalista el que busca condonar el genocidio que llevó adelante con las Fuerzas Armadas en el poder, precedido por la represión paraestatal a la vanguardia obrera perpetrada por bandas de ultraderecha como la Triple A.

Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema le juega un duro revés al macrismo. En primer lugar por el amplio rechazo popular a la medida: una encuesta realizada por la Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP), el 64% de la población considera que la decisión de la Corte no fue tomada de manera independiente del Ejecutivo y un 88% está en desacuerdo con el fallo, según señaló el titular de la consultora. Pero además, esta medida se enmarca en un momento en que el Gobierno busca profundizar la política represiva del Estado, es decir, el agravamiento de las condenas a los delitos comunes, como el caso de la reforma del Código Penal para criminalizar la protesta social.

Aunque unos y otros hablen de políticas de Estado en nombre de la memoria, la verdad y la justicia; estas son banderas que solo la clase trabajadora y el pueblo pueden llevar hasta el final a través de la lucha contra la misma clase capitalista y sus políticos de turno que, hoy en día, buscan consolidar la impunidad de los genocidas para poder descargar el ajuste con represión. En ese sentido, este miércoles 10 nos encontrará en la calle luchando por el juicio y castigo a todos los responsables.






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